La Cámara de Diputados avaló, en sus términos, la minuta del Senado que tipifica la defraudación fiscal y la compra-venta de facturas falsas como delitos de delincuencia organizada, cuando el monto de lo defraudado o valor de los comprobantes fiscales sea superior a los 7 millones 804 mil 230 pesos.
En ese supuesto, dichos ilícitos ameritarán prisión preventiva oficiosa, se sancionarán con dos a nueve años de prisión y se considerarán amenazas a la seguridad nacional.
El dictamen reforma las leyes Federal contra la Delincuencia Organizada, y de Seguridad Nacional; así como de los códigos Nacional de Procedimientos Penales, Fiscal de la Federación y Penal Federal.
El Pleno lo avaló en lo general con 318 votos a favor, 121 en contra y tres abstenciones, a las 15:00 horas.
Posteriormente, lo validó en lo particular, con 276 votos en pro, 144 en contra y 16 abstenciones, a las 18:25 horas, luego de desechar 32 reservas que presentaron diputados de Morena, PAN, PRI, PES, MC, PRD y PVEM, así como un diputado sin partido.
El documento fue turnado al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
El pasado 10 de septiembre, el Senado de la República aprobó la minuta y la remitió a la Cámara de Diputados, donde fue dictaminada por las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Justicia.
La discusión en el Pleno inició a las 11:50 horas, luego de que la Mesa Directiva le dio publicidad al dictamen y el Pleno autorizó que se sometiera a discusión y votación de inmediato.
Los diputados Marco Antonio Medina Pérez (Morena) y Rubén Cayetano García (Morena), ambos de la Comisión de Justicia, fundamentaron el dictamen en tribuna; al término de ello, la diputada Claudia Pastor Badilla (PRI) y el diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez (PAN) presentaron, por separado, mociones suspensivas, que fueron rechazadas.
Medina Pérez aseveró que estas reformas “de ninguna manera representarán una contrariedad para los millones de contribuyentes que cumplen cabalmente con sus obligaciones”.
“El contribuyente común que cometa algún error al tratar de cumplir con sus obligaciones fiscales está muy lejos de las conductas que se trata de combatir y castigar con las reformas propuestas”, externó.
Apuntó que “el negocio criminal de las facturas falsas puede ascender a más de 300 mil millones de pesos al año, lo que equivale al 5.0 por ciento de los ingresos del gobierno federal, y el cálculo que han compartido las autoridades fiscales es la indecorosa cifra de 1.6 billones de pesos que de 2014 a 2019 no han llegado a las arcas públicas”.
El legislador Cayetano García señaló que la minuta salvaguarda los intereses de la sociedad mexicana y contribuye al fortalecimiento de las finanzas públicas, “en los últimos cinco años se estima que el Estado mexicano ha perdido alrededor de 2 billones de pesos debido a este tipo de defraudación fiscal”, comentó.
“Es importante aclarar que estas medidas no serán para todos los contribuyentes, sino únicamente para aquellos que evadan contribuciones iguales o superiores a aproximadamente 7 millones 804 mil pesos”, subrayó.
“Las reformas solo afectarán a las empresas que venden o compran facturas que amparan operaciones falsas. El dictamen no propone criminalizar a los empresarios, sino protegerlos de las prácticas desleales e ilegales a que están sujetos por la corrupción”, finalizó.