Funcionarios públicos comparecerán ante el Congreso del Estado si no atienden recomendación de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos

Con el interés de contribuir en el respeto, protección y defensa real de los derechos humanos en Nayarit, en Sesión Pública Ordinaria los integrantes de la Trigésima Primera Legislatura, aprobaron por unanimidad  el decreto que tiene por objeto reformar la Ley Orgánica de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso.

El decreto señala que los servidores públicos que incumplan con una recomendación hecha por la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, deberán comparecer ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados para que argumenten e informen el motivo por el que se niegan a responder la recomendación emitida,  misma que tiene como fin sancionar al servidor público que vulneró los derechos de los ciudadanos para que se repare el daño y se evite la repetición de dichos actos violatorios.

En lo que corresponde a la reforma del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, se señala que el Poder Legislativo como órgano de control político, será el encargado de llevar a cabo las comparecencias de aquellos servidores públicos que hayan sido omisos en atender sus recomendaciones, ello cuando así lo solicite la comisión local de derechos humanos; procedimiento que será desahogado a través de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos en la Trigésima Primera Legislatura.

Con la aprobación de estas reformas, también se garantiza el derecho de audiencia a los servidores públicos ante las recomendaciones emitidas por la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Nayarit, otorgando certeza y certidumbre al compareciente y su derecho de audiencia.

De esta manera, las diputadas y diputados integrantes de la Trigésima Primera Legislatura fortalecen la actuación de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos,  y  contribuyen a modificar los comportamientos de los servidores públicos en el respeto a los derechos de los ciudadanos y en la atención de las recomendaciones que emita la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en el Estado.