Muchos de estos celulares son usados posteriormente para extorsionar o hacer secuestros, entre otros, según reportan la propia Anatel, el Consejo Ciudadano de la ciudad de México, y el INEGI

La Asociación Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) reveló que los celulares son el artículo que más se roba en México, y es al mismo tiempo una de las principales herramientas empleadas por la delincuencia.

En 2013, de las más de 9 millones 700 mil denuncias por robo a transeúntes, el 57 por ciento es relativo al robo de celulares, es decir, en números cerrados fueron 5 millones 600 mil de estos aparatos cuyo robo es denunciado, lo que representó un daño patrimonial por alrededor de 6 mil millones de pesos anuales, sin contar con los hurtos que no se denuncian.

Muchos de estos celulares son usados posteriormente para extorsionar o hacer secuestros, entre otros, según reportan la propia Anatel, el Consejo Ciudadano de la ciudad de México, y el INEGI.

Frente a esa realidad, la diputada federal del PRD, Joaquina Navarrete, propuso modificar el Código Penal Federal para frenar el extendido robo de teléfonos celulares, y tutelar así no sólo el patrimonio, sino la integridad física de las personas.

Con estudios de esos organismos en su poder, la legisladora presentó ante la Comisión Permanente la iniciativa de ley que propone que “cuando una persona se apodere de un teléfono celular con violencia, la pena será de dos a cinco años de prisión y de quinientos a mil días de multa, sin menoscabo de las penas aplicables a los otros delitos que cometa. La misma pena se aplicará a la persona que trafique con estos teléfonos celulares”.

Plantea que “cuando un teléfono celular robado sea usado para la comisión de otro u otros delitos, la pena prevista para éste o estos, se aumentará en una cuarta parte.

Y “cuando una persona duplique, altere, reprograme o de cualquier otra forma modifique el número de identidad de equipo móvil internacional (IMEI), o cualquier otro código de identificación de un teléfono celular, la pena será de cuatro a siete años de prisión y de mil a 2 mil días de multa.

La Anatel y el Consejo Ciudadano de la ciudad de México señalan en la exposición de motivos que el reporte de teléfonos investigados por su presunta relación con algún delito creció en 2013 en 41.7 por ciento (un total de 117,262 números telefónicos), respecto al año anterior.