En la noche del 11 de julio, Joaquín Archivaldo El Chapo Guzmán se convirtió en el narcotraficante más buscado del mundo. Por segunda vez burló a las autoridades y se escapó del Centro Federal de Readaptación Social Número 1, El Altiplano, en el Estado de México. El gobierno perdió al capo que, de acuerdo con los informes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, entre 2007 y 2014 logró crear una red criminal de 95 empresas en toda la República. De éstas, 14 han tenido alguna relación comercial con el gobierno federal, mediante contratos o concesiones.
Los reportes apuntan a que el Cártel de Sinaloa podría llegar a tener algún tipo de relación con 288 negocios en distintos países.
Desde 2007, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés) puso al descubierto el gran imperio financiero del delincuente. Un total de 25 empresas fueron enlistadas por sus presuntas relaciones con el cártel sinaloense. Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán, con tres concesiones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y Estancia Infantil Niño Feliz, que todavía presta servicios para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), fueron señaladas como eslabones de la cadena criminal. En 2014 fue la última vez que la OFAC enlistó a compañías mexicanas. En el primer semestre de ese año, ocho negocios fueron señalados por su relación con el narcotráfico.
Agrícola y Ganadera Cuemir, Casa de Empeño Guadalajara, Cooperativa Avestruz Cuemir, Prenda Todo, Producción Pesquera Doña Mariela, Taipen, Comercializadora y Frigoríficos de la Perla del Pacífico y Bona-Habitat, son los últimos nombres que la OFAC ha señalado como parte del emporio del capo.
Las redes de El Chapo se han fortalecido en siete estados de la República, pero el norte del país fue el punto clave que le permitió incrementar su dominio y riqueza.
Sinaloa, lugar de origen del criminal, encabeza la lista. Ahí se encuentran 35 empresas que presuntamente le han servido de fachada. Jalisco es su otro punto fuerte. Ahí radican 17 negocios que, según la información del gobierno de Estados Unidos, han sido utilizados para lavar dinero.
Su poder también se extiende hasta Baja California, Sonora, Estado de México, Morelos y el Distrito Federal. En estos lugares se pueden encontrar desde una hasta 12 empresas que supuestamente sirven a los intereses del capo.
Trabajando con el enemigo
En febrero de 2014 el gobierno mexicano logró recapturar al narcotraficante más buscado del país. Después de 13 años tras su pista, Joaquín El Chapo Guzmán se convirtió en un reo más de El Altiplano. Eric Holder, secretario de Justicia de Estados Unidos, calificó el hecho como un “logro emblemático”. El gusto sólo le duró 17 meses.
Ese mismo mes la OFAC publicó un informe en el que detalló los movimientos empresariales del capo desde 2007 y la forma en la que construyó un emporio. El Departamento del Tesoro tenía plenamente identificadas a las diferentes razones sociales que de algún u otro modo servían a la organización criminal.
De las 288 empresas que en ese momento fueron enlistadas, 95 son mexicanas y 14 han tenido alguna relación comercial con el gobierno federal. La Estancia Infantil Niño Feliz fue uno de los primeros negocios que la OFAC relacionó con el Cártel de Sinaloa en 2007. El principal motivo fue que María Teresa Zambada Niebla, hija del narcotraficante Ismael El Mayo Zambada, era una de las socias originales de la guardería, junto con otros cuatro miembros de la misma dinastía. Todos siguen en el acta constitutiva.
De acuerdo con el portal de transparencia del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la estancia tiene dos fechas de inicio de operación, una en noviembre de 2001 y la otra en enero de 2004. Su último contrato lo obtuvo mediante adjudicación directa en los primeros días del año pasado.
En julio de 2009, Daniel Karam, entonces director del IMSS, afirmó que María Teresa Zambada estaba siendo investigada por la Procuraduría General de la República (PGR), como resultado de las acusaciones de EU de que la guardería era utilizada para lavar dinero.
El lugar atiende a 209 niños y recibe tres mil 42 pesos mensuales por cada uno, por lo que el gobierno federal le aporta casi ocho millones de pesos anuales.
Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán también fue enlistada desde el 17 de mayo de 2007 como parte de esta red de lavado, pero dos años antes consiguió un par de permisos del Organismo de la Cuenca del Pacífico Norte, una de las ramas de Conagua, para utilizar un pozo o canal abastecedor de agua para usos industriales. Estas concesiones vencen este año.
En Hermosillo, Sonora, radica otra de las empresas, que a pesar de que las autoridades de Estados Unidos pusieron en duda su honorabilidad en México, continuó con sus labores sin ningún problema. Bioesport entró a la lista de la OFAC el 5 de agosto de 2008, pero tres meses antes obtuvo un contrato, por medio de adjudicación directa, con la Gerencia Regional de Transmisión Noroeste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El documento muestra como objeto del contrato “Servicios Educativos y de Capacitación”, y es por un monto de casi 24 mil pesos. Además, en 2011 aún seguía apareciendo como uno de los proveedores del gobierno federal. En marzo de ese año, a pesar de las advertencias del Departamento del Tesoro, la CFE le otorgó un nuevo contrato, por nueve mil pesos.
Un par de compañías que el gobierno estadounidense también relacionó con las operaciones criminales del Cártel de Sinaloa, cuentan con permisos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), para los servicios de mudanzas que realizan, entre otros.
Fletes y Transportes Gaxgar y Aero Express Intercontinental fueron señaladas desde 2008 y 2010 respectivamente. Una fue acusada de lavar dinero para el cártel de El Chapo y la otra de ayudar a la entrega y distribución de narcóticos. Pero de acuerdo con el Portal de Transparencia del gobierno federal, ambas empresas cuentan con el permiso de la SCT para la operación y explotación del servicio de carga por tiempo indefinido.
El negocio de las gasolineras también se ha visto relacionado con este grupo criminal. Desde mayo de 2007 las autoridades de Estados Unidos han reportado que este sector es utilizado por los grupos del narcotráfico.
Sinaloa es el centro de estos negocios. En el estado norteño se localizan las ocho estaciones de servicio que, de acuerdo con la OFAC, han servido para lavar dinero. De ellas, seis tienen franquicias con Petróleos Mexicanos (Pemex) que en algunos de los casos finalizan dentro de 10 años.
Urbanizadora Nueva Italia, ubicada en Jalisco y fichada por la OFAC en octubre de 2012, consiguió desde 2008 una concesión por parte de Conagua para abastecerse de la Cuenca Lerma-Santiago. Este permiso vence en 2018.
Cooperativa Avestruz Cuemir, empresa dedicada a la ganadería en la perla tapatía, también fue señalada por sus vínculos con el cártel en 2014, y desde dos años atrás estaba inscrita en el Directorio de Establecimientos registrados en el Sistema de Tipo Inspección Federal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Alimentaria (Senasica).
Las fachadas del narco
Desde empresas de bienes raíces hasta gasolineras son algunos de los ramos en los que ha incursionado el grupo criminal.
En 2002 fue la primera vez que la OFAC enlistó a empresas mexicanas. Diez negocios en Baja California fueron relacionados con el Cártel de los Arellano Félix.
El objetivo principal de los boletines emitidos por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos es que ningún ciudadano estadounidense realice transacciones financieras o comerciales con empresas relacionadas con narcotraficantes.
De 2007 a la fecha este registro ha puesto a 215 compañías mexicanas bajo la lupa. El 44% han sido ubicadas como parte de la estructura de Guzmán Loera. Hasta mediados de 2014, fecha en la que El Chapo seguía bajo custodia de las autoridades mexicanas, el gobierno norteamericano señaló que el grupo generaba ingresos anuales por tres mil millones de dólares.
Considerado como el director ejecutivo del Cártel de Sinaloa, este capo estuvo cuatro años consecutivos, de 2009 a 2012, en la lista de multimillonarios de la revista Forbes. Debutó en la posición número 701 y en su última aparición descendió hasta el lugar mil 153.
La mayoría de los negocios con los que ha sido relacionado pertenecen al ramo de bienes raíces. En 2007 fueron enlistadas las primeras compañías de este tipo: Consorcio Inmobiliario del Valle de Culiacán y Sepriv, ambas en Sinaloa, fueron señaladas como parte de su estructura de lavado de dinero.
Un total de 10 empresas inmobiliarias, repartidas en cuatros estados de la República, figuran en el organigrama de este grupo criminal.
Otro de los ramos que tiene mayor predominancia dentro de la red creada por este cártel son las empresas comercializadoras. Nueve compañías de este tipo están dentro de la lista de la OFAC supuestamente por contribuir a las operaciones de lavado de dinero del grupo. Hace ocho años entró la primera a la lista.
El 12 de diciembre de 2007, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos fichó a Comercializadora Joana, ubicada en Jalisco. En esa misma fecha, 18 negocios más fueron añadidos a la lista. Sus ubicaciones iban desde Baja California, Sinaloa y el Distrito Federal.
Únicamente Sin-Mex Importadora y Comercializadora Joana fueron objeto de investigación en 2008 por parte de la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la PGR.
El resto de las empresas que fueron detectadas por los servicios de inteligencia financiera del gobierno de Estados Unidos, y cuyos nombres se incluyeron en la lista de negocios “vedados” para ese país siguieron operando sin problemas en México.