La fiscalía de Justicia consiguió dos órdenes de aprensión en contra de funcionarios de la administración del mandatario panista Guillermo Padrés Elías, implicados en la venta de al menos nueve recién nacidos, quienes fueron ofertados a familias que esperaban adoptar a un niño y pagaron hasta 150 mil pesos.

Carlos Alberto Navarro Sugich, titular de la Procuraduría General de Justicia de Sonora (PGJE), identificó a los funcionarios sospechosos como Vladimir Alfredo Arzate Carbajal, de 30 años de edad, quien se desempeñaba como sub director en la Procuraduría de la Defensa del Menor a cargo de la Línea Protege; y José Manuel Hernández López, de 38 años de edad, quien trascendió que se desempeñaba como Asesor Jurídico del Sistema DIF Estatal y en la Unión Ganadera Regional de Sonora.

Hasta el momento, ambos funcionarios inculpados permanecen libres y ya tramitaron un amparo, porque la PGJE no ha podido ejecutar la orden de aprensión por los delitos de incumplimiento de un deber legal, que conlleva una penalidad de 1 a 8 años de prisión e inhabilitación de 1 a 5 años para ocupar cargos públicos; suposición, supresión, ocultación y sustitución de un infante cuya pena va desde 6 meses hasta 6 años de cárcel; además de sustracción y tráfico de menores e incapaces, con una pena de 15 a 40 años de prisión.