En audiencia pública de una causa penal iniciada por violencia familiar y con acuerdo del juez, el imputado, de unos treinta años de edad, se puso de pie y dirigiéndose a su esposa, la víctima, le pidió disculpas por una reciente agresión.

En la misma audiencia celebrada conforme al nuevo sistema de justicia penal en Real de Acuitapilco, municipio de Santa María del Oro, por consejo de sus defensoras el imputado ofreció someterse a un tratamiento psicológico de seis meses a cargo de una especialista del DIF en la cabecera municipal, a doce kilómetros de ahí.

En la disculpa pública y el ofrecimiento del imputado de someterse a tratamiento psicológico, la defensa sustentó su solicitud de la suspensión condicional del proceso, la cual es normada por los artículos 191 al 196 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

El juez de control Rodrigo Benítez Pérez preguntó a la víctima y a sus representantes de la Fiscalía si estaban de acuerdo y ellas respondieron afirmativamente; también preguntó al representante de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Santos González Montoya, si tal ofrecimiento contraviene las costumbres de la etnia wirrárika, a la cual pertenecen tanto el imputado como la víctima, y González Montoya contestó que no.

Benítez Pérez autorizó entonces las condiciones bajo las cuales se suspenderá el proceso y advirtió al imputado que dicho procedimiento continuará si no cumple lo acordado; además, siempre que se encuentre cerca de su esposa deberá dirigirse a ella con respeto.

Cabe señalar que en la audiencia inicial de formulación de imputación de este caso, efectuada en junio en la cabecera de Santa María del Oro, el juez determinó como una medida cautelar que el imputado se retirara del domicilio conyugal y sólo pudiera ver a sus hijos en casa de la abuela paterna pero no acercarse a su esposa.