Dos presos sirvieron de alimento a reos rivales, quienes se amotinaron para exigir mejor trato y traslado a otras prisiones

Las autoridades venezolanas están investigando el cruento asesinato de dos presos, que según sus familiares, habrían sido mutilados para luego, servir de alimento a detenidos en un centro policial del país.

Según las investigaciones, en medio de una revuelta un detenido, conocido como “el Grillo” ordenó a reos rivales comer la carne de las víctimas: dos jóvenes presos que estaban en las celdas de la policía de San Cristóbal, cerca de la frontera con Colombia.

A las familias de los reos Anthony Correa y Juan Carlos Herrera se les informó hace poco más de una semana  la muerte de sus hijos tras un motín que se prolongó por un mes y culminó el 7 de octubre, pero no les entregaron los cuerpos.

Los líderes de motín pedían a las autoridades mejora en trato en prisión y el traslado a otras cárceles, por el hacinamiento del lugar. En medio de la revuelta, comenzaron a enfrentarse con otros detenidos.

La madre de Correo, Luz Sepúlveda, dijo que comenzó a sospechar de la muerte de su hijo cuando no lo vio en el grupo que trasladaron a otras cárceles del país para poner fin al motín y tampoco aparición en la lista de detenidos de ese centro penitenciario.

“Un fiscal salió y me dijo que era muy doloroso lo que tenía que decir: ‘su hijo no aparece, fue uno de los que mataron y se lo comieron’”, relató Sepúlveda.

A los padres de ambas víctimas, autoridades y testigos les dijeron que el líder del motín ordenó a Dorángel Vargas, un detenido conocido como el “come gente” tras un sonado caso de múltiples asesinatos que incluyeron canibalismo, desmembrar los cuerpos de las víctimas para amedrentar a otros reos.

El gobierno venezolano no se ha pronunciado mayormente sobre las denuncias. Sólo confirmó las dos muertes e informó que detuvo a seis policías, acusados de ser cómplices en violenta toma.

Los alzamientos de este tipo son comunes en el país sudamericano, donde la población penal supera la capacidad de los centros y con regularidad logra obtener armas, según informes de grupos defensores de derechos humanos.

“Son los organismos de investigación criminal los que dirán qué paso, haya pasado lo que haya pasado”, dijo la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, la semana pasada.