Hilario Ramírez Villanueva, excandidato a gobernador de Nayarit y exalcalde de San Blas, dijo que no ha sido notificado formalmente sobre alguna orden de aprehensión en su contra, pero admitió que sus abogados se encargan de su situación legal.

“Puede ser así, pero aquí ando y muy independientemente de lo que sea, igual la pueden sacar y yo puedo justificar que no debemos ni tememos nada (…). He sabido por la gente que me dice: oye ‘Layín’ ¿que tienes una orden de aprehensión? Pero pues no sé”, afirmó “Layín” (como se le conoce popularmente).

Sin embargo, admitió que sus abogados preparan una defensa para demostrar “que todo está limpio” y dijo contar con documentos suficientes para demostrar su inocencia respecto a la venta de la aeropista de San Blas, tema por el que podría enfrentar a la justicia.

La semana pasada, el Juzgado Primero de Distrito le concedió una suspensión provisional a “Layín”, bajo el expediente 801/2018, por actos reclamados como fuera de juicio.

“La supuesta orden de aprehensión, presentación, detención ilegal o comparecencia dictada en mi contra, por mi probable responsabilidad en la comisión de un ilícito del cual desconozco por ser totalmente inocente de lo que se me imputa, ignoro de qué se trate tal acusación y quien es mi denunciante, asimismo reclamo el cumplimiento de la orden de aprehensión, comparecencia y/o detención”, precisó el exalcalde en su solicitud de amparo.

En el Juzgado Tercero de Distrito, con el mismo expediente, “Layín” reclama actos privativos de libertad, en particular “órdenes de aprehensión y/o detención y su ejecución”, con lo que el 12 de julio, el juez le concedió la suspensión definitiva, tras confirmar que existe una orden de captura contra él.

En marzo, la Auditoría Superior del Estado de Nayarit denunció penalmente al exalcalde de San Blas por presunto peculado y desvío de recursos a raíz de la venta del terreno de la antiguo aeropuerto del municipio en 12 millones de pesos, cantidad por debajo de su valor catastral, pues fue calculado en 36 millones de pesos.

Sin embargo, el pago nunca ingresó al ayuntamiento, indicó en su momento el presidente del Congreso del estado, Leopoldo Domínguez González.

Por otra parte, el titular de la Auditoría Superior del Estado, Héctor Benítez Pineda, resaltó que la venta del predio de cinco hectáreas había sido considerada para pagar laudos, adeudos laborales y otros pendientes del ayuntamiento de San Blas que nunca fueron cubiertos.