En el Patio Central del Palacio Nacional el mandatario indicó que hoy se hace realidad la justicia laboral con procedimientos democráticos y con base en la justicia social, “buscando, como lo establece la Constitución, el acuerdo, el diálogo entre las partes; el que haya este periodo de conciliación entre los trabajadores y los empresarios, los empleadores”.

Informó que, en caso de no alcanzar el acuerdo en 45 días, las partes podrán acudir a tribunales del Poder Judicial, en los que se resolverá la controversia a través de un juicio oral en presencia de un juez con procedimientos cortos, eficientes y modernos.

A partir de este día, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, los Centros Estatales de Conciliación y los Tribunales Laborales federales y locales inician sus operaciones. Los Centros de Conciliación comenzarán a recibir asuntos en materia individual y colectiva.

Las Juntas de Conciliación y Arbitraje cerrarán sus puertas en los estados de la primera etapa y se dedicarán a concluir los asuntos pendientes.

El jefe del Ejecutivo precisó que la reforma favorecerá la democracia laboral: que los trabajadores elijan libremente a sus representantes y aprueben sus condiciones de trabajo a través del voto personal, libre, directo y secreto, sin imposiciones.

Esta reforma, dijo, además de coincidir con los ideales de transformación del gobierno que encabeza, responde a la petición que hicieron Canadá y Estados Unidos durante la firma del Tratado de Libre Comercio (T-MEC) para que México consolide una verdadera justicia laboral.