En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Instituto Estatal Electoral de Nayarit, por medio de la Comisión Permanente de Igualdad de Género y No Discriminación en la Participación Política, llevó a cabo la Conferencia denominada ‘Elecciones libres de violencia’, en la que las consejeras electorales Claudia Zulema Garnica Pineda y Alba Zayonara Rodríguez Martínez compartieron información acerca de cómo identificar la violencia política contra las mujeres, en razón de género, y sobre los mecanismos de defensa y protección contra este tipo de infracción a la norma electoral, administrativa y penal, tipificado como delito desde octubre de 2020.
En la conferencia virtual, Garnica Pineda habló de cómo la mujer ha ido avanzando en la vida política en el transcurso de los años; sin embargo, aún existe una brecha muy ancha en lo económico, social y cultural; se dice que: “los hombres han sido educados para la vida pública y las mujeres para la vida privada”, lo que se ve reflejado en que la mujer inhibe su acceso a la vida política, no sólo por las tareas propias que la misma sociedad le ha conferido sino, también, por una serie de conductas como la violencia política, que hacen que las mujeres, en lugar de fomentar su participación, la inhiban.
Precisó que la violencia política contra las mujeres es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida en la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias, mujeres, el ejercicio pleno de las funciones inherentes a su cargo, labor o actividad; el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio de las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo.
Ejemplo de violencia política son las bromas hirientes, chantajes, mentir y ocultar información, ignorar o ridiculizar por cómo se piensa, se viste, se expresa, etcétera, y amenazas, perpetrado por agentes del estado, medios de comunicación y, en general, por cualquier persona o grupo de personas, así como por partidos políticos o sus representantes, tales como el uso inadecuado del presupuesto asignado a la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres.
Asimismo, agresiones verbales basadas en estereotipos y visiones discriminatorias sobre las mujeres; represalias por vincularse y defender temas de género y derechos humanos de las mujeres; registros simulados de candidatas que renuncian a sus cargos para cederlos a suplentes varones, obstaculización de la participación de las mujeres en las elecciones regidas por sistemas normativos internos; acoso, ataques físicos, violencia sexual e, incluso, asesinato. Además, inequidad en la distribución de los tiempos de radio y televisión; inequidad en la distribución de los recursos para las campañas; desestimación y descalificación de las propuestas que presentan las mujeres; registrar a mujeres exclusivamente en distritos perdedores, amenazas a las mujeres que han sido electas y ocultamiento de información.
En su oportunidad, la consejera Alba Zayonara Rodríguez Martínez dijo que el hecho de que la violencia política ya esté plasmada en las normas y que se constituya, además, en una infracción de carácter administrativo, también es ahora un delito y una cuestión que se puede sancionar, en los ámbitos penal, administrativo y electoral. “Es un gran logro que se ha tenido, a partir de una lucha y del reconocimiento de que hay situaciones que no son normales, que son irregularidades y que por ello deben ser sancionables en tanto que vulneran derechos humanos y, por consecuencia, la dignidad humana”, mencionó.
Al hablar de los mecanismos de protección que están establecidos en las normas a partir del reconocimiento de la violencia política de las mujeres en razón de género, la funcionaria electoral dijo que este tipo de infracción ya es posible denunciar por medio de diversas instancias. Mencionó que se puede acudir directamente al IEEN a presentar su queja o denuncia; precisó que, dependiendo del ámbito donde se ejerza la violencia, acudan a las oficinas centrales o a los Consejos Municipales, durante un proceso electoral en curso.
Indicó que el escrito de interposición de la queja o denuncia debe contener el nombre de la persona denunciante, domicilio para oír y recibir notificaciones o, en su caso, dirección de correo electrónico y número telefónico de contacto de personas autorizadas para tal efecto; narración expresa y clara de los hechos en que se basa la denuncia; ofrecer y exhibir las pruebas con que se cuenta o, en su caso, mencionar las que habrán de requerirse.
Entre las medidas cautelares que pueden ser solicitadas se encuentran: realizar análisis de riesgos y un plan de seguridad; retirar la campaña violenta contra la víctima, haciendo públicas las razones; cuando la conducta sea reiterada, suspender el uso de las prerrogativas asignadas a la persona agresora; ordenar la suspensión del cargo partidista a la persona agresora, y cualquier otra requerida para la protección de la mujer víctima o quien ella solicite.
Las sanciones podrán depender del sujeto infractor, y entre ellas se encuentran amonestación, remoción, inhabilitación, multa, pérdida de registro de candidatura, actos reparadores del daño, cancelación del registro como partido político, según sea el caso; disculpa pública a cargo de las prerrogativas de radio y televisión del partido político de la persona infractora, reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público, e interrupción o suspensión inmediata de la propaganda político-electoral.
Al término de la conferencia, el presidente del IEEN, José Francisco Cermeño Ayón, llamó a actores políticos y a sus grupos de apoyo a prepararse en este tipo de temas durante esta etapa del proceso electoral local, conocido como intercampaña; “es tiempo de preparación en lo que corresponde a violencia política para las mujeres que aspiran a un cargo de elección popular que van a ser postuladas, pues todas requieren un acompañamiento en materia jurisdiccional y en materia de fiscalización para evitar sanciones por no cumplir con las normas del INE”, manifestó.
“Teniendo esa experiencia, se requiere que le demos cobijo a quienes quieren participar para aspirar a un cargo de elección y que haya un trabajo de equipo que los respalde”, puntualizó el presidente del IEEN.