En caso de que las mujeres soliciten abortar por segunda ocasión, tendrían que aceptar un “método anticonceptivo definitivo”, señala la propuesta de la diputada independiente de Quintana Roo, Sonia López Cardiel.

De acuerdo con la propuesta de Cardiel, se busca añadir como “situación socioeconómica grave y/o justificada” como una causal del aborto legal en su estado.

No obstante, el planteamiento de la legisladora ha sido calificado como una propuesta violatoria a los derechos humanos de la mujer, por lo que el colectivo Marea Verde pidió al Congreso local, desestimar el análisis de la propuesta.

López Cardiel, quien se denomina pro-vida, plantea una reforma al Código Penal estatal y la Ley de Salud referente al aborto para que en las clínicas del estado se realicen abortos legales dentro de ciertas circunstancias vigentes desde el 2010.

De acuerdo con el código actual, el aborto no será punible por violación, padecimientos o alteraciones genéticas, porque la vida de la madre esté en riesgo, o bien, por accidente.

Sin embargo, la legisladora propone sumar como una causa no punible circunstancias económicas graves o justificadas, mismas que deberán ser verificadas por la autoridad sanitaria.

De esta manera, la diputada plantea que el artículo 97 bis del Código penal estatal contemple una restricción para las mujeres que, estando dentro del último supuesto, tengan la intención de someterse por segunda ocasión a la práctica del aborto, debiendo aplicar “un método anticonceptivo definitivo”.

Si la mujer se niega a ser esterilizada, se le negará el servicio médico público, y en caso de que se practique el aborto en otra institución (pública o privada) se le podrá imponer entre dos y seis años de prisión, pena similar a quien le haya practicado el aborto.

Además, la iniciativa propone que para demostrar que un embarazo es producto de una violación, la mujer deberá mostrar una denuncia penal así como el dictamen de un médico legista que establezca la existencia de lesiones que comprueben el delito, y que dicho dictamen se realice antes de cumplir 90 días de gestación.

El colectivo Marea Verde pidió al Congreso local desestimar la iniciativa pues explicaron que el aborto debe ser un servicio que respeta los derechos humanos.

“Un servicio que respeta los derechos debe incluir la libre decisión de usar o no un método anticonceptivo e implica revictimizar a la mujeres que quedan en embarazo como resultado de la violencia sexual”, señaló el colectivo.

La propuesta, presentada en septiembre de 2018, sigue en discusión. Sin embargo, en su lugar colectivos han solicitado que se atienda a una iniciativa de 2017 que solicita despenalizar en su totalidad el aborto en el estado.