La Cámara de Diputados desechó el dictamen que reformaría el artículo 41 de la Constitución Política, la cual pretendía la reducción del financiamiento público que se les otorga a los partidos políticos, luego de que no alcanzó la mayoría calificada, al recibir 274 votos a favor, cero abstenciones y 207 en contra. 

La Presidenta de la Mesa Directiva, diputada Laura Angélica Rojas Hernández, señaló que de conformidad con lo que establece el artículo 232 numeral I del Reglamento, “al no alcanzarse la mayoría calificada se tiene por desechado, como lo dispone la fracción g) del artículo 72 constitucional”.

El documento planteaba que el financiamiento público para los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 32.5 por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

El 30 por ciento de la cantidad que resulte, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el 70 por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.

En la fundamentación, la Presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputada Miroslava Carrillo Martínez, hizo un reconocimiento a las y los autores de las iniciativas que motivaron el análisis de un tema que constituye un reclamo social desde hace décadas, ya que son coincidentes en disminuir el financiamiento público.

Destacó que en todas las propuestas persiste la preocupación del buen uso del dinero del erario nacional, así como maximizar la transparencia, la fiscalización y el monitoreo de los recursos públicos que otorga el Estado a los partidos políticos.

El tema que hoy se discute, expuso, no es menor. “Si bien es cierto que los partidos políticos juegan un papel fundamental e importante en los regímenes democráticos, también existen múltiples opiniones que señalan los altos costos que representan para la sociedad en general”.

Consideró imperativo generar alternativas que sensibilicen a disminuir considerablemente el monto de los recursos públicos otorgados a las organizaciones políticas y destinarlos a la consecución de otros fines más apremiantes y redituables para el pueblo de México.

Carrillo Martínez resaltó que para nadie es ajeno que el modelo de financiamiento imperante es el resultado de una serie de reformas constitucionales realizadas sobre la base de un sistema con un partido dominante y en el contexto de una naciente oposición partidista. 

Dicho modelo tiene su origen en la reforma política constitucional de 1977, cuando se estableció expresamente la existencia e importancia de los partidos políticos reconociéndoles el carácter de entidades de interés público. Después en 1987 se previó por primera vez el financiamiento público para actividades ordinarias.

En 1993 se incluyeron disposiciones normativas referentes al financiamiento privado, y fue hasta 1996 que se consolidó el régimen de financiamiento público de los partidos políticos al establecer una serie de medidas, y entre el año 2000 y 2003 hubo un aumento en el financiamiento, del 25 por ciento en términos reales para actividades ordinarias y específicas. Sin embargo, este crecimiento no se tradujo en una mayor participación ciudadana.

Posteriormente, en 2007 se estableció la fórmula que prevalece en el texto actual de la Constitución y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para calcular el monto de financiamiento público a partidos políticos por el desarrollo de sus actividades ordinarias.

Añadió que en la última reforma, de 2014, no se alteró la fórmula de recursos a partidos en el ámbito federal, mismo que provocó un aumento en el financiamiento, ya que los partidos políticos reciben dinero por dos vías: la federal y la local.

De este modo, explicó, hoy se tiene un sistema de financiamiento mixto; es decir, los partidos pueden recibir prerrogativas del Instituto Nacional Electoral como financiamiento público, y privado en su modalidad de aportaciones de militantes y simpatizantes, del autofinanciamiento o de rendimientos financieros, fondos y fideicomisos.

En lo que respecta al financiamiento público directo, existen tres vías para otorgarlo: por actividades ordinarias, por gastos de campaña en año de elecciones y por actividades específicas.

Las actividades ordinarias, que son motivo del análisis en el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, añadió, comprenden los gastos para la participación ciudadana en la vida democrática, el gasto de los procesos internos de selección de candidatos, sueldos y salarios del personal, propaganda de carácter institucional y campañas de consolidación democrática, sólo por mencionar algunas.

El monto para el sostenimiento de estas actividades se calcula multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, por el 65 por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Del total del financiamiento público que resulte, el 30 por ciento se distribuye entre los partidos políticos de forma igualitaria, y el 70 por ciento restante, de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados anterior.

Mencionó que el problema no es que exista financiamiento público, sino que las erogaciones por este concepto representan un alto costo para la ciudadanía, lo que genera un incremento del descontento social y acentúa la falta de confianza en estas entidades de interés público.

En el ámbito mundial el voto en México representa uno de los más caros, sobrepasando incluso a países como Estados Unidos, Rusia o Brasil, mientras que en el escenario latinoamericano nuestro país es el que más subsidio otorga a los partidos políticos.

Carrillo Martínez subrayó que votar en favor significa hacer un uso racional de los recursos y rescatar la confianza ciudadana. “Se busca un sistema electoral que se adecue más a la realidad económica del país. Tenemos una oportunidad inigualable, rediseñemos el modelo de fiscalización de los partidos políticos, incentivemos la transparencia, erradiquemos los vicios de la democracia y honremos la confianza que los ciudadanos depositaron en nosotros. Reivindiquemos el quehacer político”.