En el país hay 5 millones de personas con capacidades diferentes, según el INEGI
Se deben otorgar descuentos en el pago de transporte a las personas con discapacidad, ya que contribuirá al apoyo de la estabilidad financiera y sustento económico de aquellas familias mexicanas, que tienen algún miembro en esta condición, señaló la legisladora del Partido Verde Ecologista de México Fátima Pariente Gavito.
La secretaria de la Comisión de Desarrollo Sustentable de la Cámara de Diputados, dijo que en el país, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), hay más de cinco millones de personas con capacidades especiales, cuyos hogares enfrentan el doble de gastos para el cuidado de su salud, rehabilitación y atención médica especializada.
Por ello, sostuvo en entrevista, que otorgar una rebaja del 50 por ciento en sus traslados, sobre todo, en período vacacional, representará un esfuerzo más por garantizar su derecho fundamental a la accesibilidad, el cual, se ve severamente amenazado por la infraestructura inadecuada e insegura del transporte, principalmente, colectivo y el incremento del costo del pasaje.
Para la diputada existe un limitado acceso a la educación, como consecuencia, un nivel de preparación que no rebasa el cuarto grado de primaria y una reducida posibilidad de insertarse en el campo laboral, pues “sólo el 30 por ciento de la población con discapacidad cuenta con un trabajo”.
Reconoció que aún hacen falta programas y acciones para combatir los factores que provocan el rechazo, así como consolidar una sociedad y gobierno que se preocupen por ofrecer mejores condiciones de acceso y traslado a este sector de la población.
Lamentó que “la discapacidad sea una condición que aísle, rezague y discrimine a quien la padece, y no únicamente a lo que ha traslado se refiere, es decir, asegurarles oportunidades reales de acceder al sistema educativo, al empleo digno, a la cultura o el deporte y sobre todo a la salud”.
No obstante, aseguró, “el Congreso está haciendo lo propio a través de impulsar políticas públicas en materia de inclusión de las personas con alguna discapacidad, pero, sobre todo, en legislar para eliminar los vacíos y perfeccionar toda normativa que se encargue de la protección y garantía de sus derechos fundamentales”.