“No debemos regatear el derecho que tienen nuestras hijas e hijos a recibir una educación de mayor calidad. El magisterio nacional sabrá encausar responsablemente sus demandas sin interrumpir las clases. Le apostamos al entendimiento y a una actitud responsable”.
El Coordinador del GPPRI en la Cámara de Diputados, René Juárez Cisneros, manifestó que “el memorándum” que firmó el Presidente de la República carece de todo fundamento jurídico, ya que él no puede instruir a “dejar sin efecto” leyes que han sido aprobadas por el Congreso de la Unión, pues para hacerlo debe seguir un proceso a través del propio Legislativo, además de que se trata de una acción unilateral que sienta un mal precedente y pone en riesgo el orden constitucional, así como el equilibro de Poderes.
Las y los diputados del PRI reiteramos que cualquier reforma legal tiene que pasar primero por el Congreso, y bajo ninguna acción política puede obviarse la representación democrática del Poder Legislativo. La reforma educativa y todas sus disposiciones están vigentes y, en consecuencia, deberán ser observadas y aplicadas por todas las autoridades.
El denominado “memorándum”, como orden administrativa, sería un acto inconstitucional pues violaría el artículo 89 fracción I que obliga al Presidente a cumplir las leyes y decretos que expida el Congreso.
Del mismo modo, Juárez Cisneros recordó que el artículo 49 de la Constitución establece que “el Presidente no puede asumir las funciones del Poder Legislativo. No podrán reunirse dos o más de los Poderes de la Unión en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo”, sin soslayar el juramento del Presidente de la República de “cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen”.
Lo que propone el Presidente López Obrador es absolutamente inviable, y un desafío al Estado de Derecho que debe imperar en todo sistema democrático. Es un llamado a ignorar el artículo 72 constitucional que claramente establece: solo el Congreso de la Unión puede reformar, abrogar o derogar una ley, exigiendo “los mismos trámites establecidos para su formación”.
Por su parte, el artículo 103 dispone que corresponde al Poder Judicial resolver las controversias por “normas generales que violen los derechos humanos”, a través del amparo.
Por ello, reiteró que la autoridad educativa debe agotar el diálogo y la negociación para construir una nueva reforma, o bien continuar con el trámite legislativo al dictamen aprobado en comisiones el pasado 27 de marzo, que les sirva a las niñas y niños mexicanos.
“No debemos regatear el derecho que tienen nuestras hijas e hijos a recibir una educación de mayor calidad. El magisterio nacional sabrá encausar responsablemente sus demandas sin interrumpir las clases. Le apostamos al entendimiento y a una actitud responsable”.
Por último, el coordinador parlamentario dijo: “entendemos que el Presidente esté presionado por los compromisos políticos que hizo en campaña con la CNTE, no obstante, primero está el cumplimiento de la ley, antes de pretender usurpar o nulificar la función del Congreso para satisfacer su compromiso con la Coordinadora”, por lo que no se entiende que prefiere no provocarlos –engañando a todos los maestros– y dejar de lado su reforma, que simplemente vencerlos con la fuerza legítima y democrática de los votos del Congreso.
Por todo ello, exigimos a las mesas directivas del Congreso que se pronuncien al respecto, pues con este precedente el Presidente de la República podría seguir ordenando que no se aplique cualquier disposición constitucional que no sea de su agrado.