En conferencia de prensa matutina, el mandatario sostuvo que la salud y la educación son derechos del pueblo que el Estado está obligado a garantizar.

Informó que a la fecha ninguna empresa privada ha solicitado permiso para importar y comercializar vacunas; dijo que solo “nos opondríamos si las que tenemos nosotros contratadas se las entregan a una empresa particular. Eso sí no lo permitiríamos, lo denunciaríamos, pero no es el caso”.

El jefe del Ejecutivo recordó que controlar al virus SARS-CoV-2 es un asunto de salud pública, por lo que corresponde al gobierno federal asumir la vacunación y asegurar que se aplique de forma universal y gratuita.

Agregó que las vacunas CanSino Biologics podrían destinarse entre enero y febrero a las personas adultas mayores de todo el país. Las de Pfizer, por su característica de doble aplicación, corresponderán al personal de salud que labora en hospitales COVID.

Reiteró que se procurará la aplicación igualitaria de la vacuna y, en el caso de los trabajadores de salud, “que no haya influyentismo; nada de tranzas, nada de brincarse la fila. Nada de que se tenga la vacuna si no se está trabajando en un hospital COVID. Nada de vacunar a funcionarios, a políticos. Eso se está cuidando para que sea completamente distinto, que todos tengamos el mismo derecho, que haya igualdad”.