Integrantes de la Asamblea del Pueblo expresaron al gobernador Francisco Vega que la demanda más sentida de los bajacalifornianos es su renuncia y un juicio político en su contra con lo que finalizó la primera mesa de negociación entre manifestantes con autoridades estatales en la que el panista aceptó reducirse el salario un 50 por ciento.
La respuesta del panista fue directa, al igual que el pronunciamiento: “pueden presentar cualquier petición al Congreso del Estado”.
De esa manera concluyó una reunión de más de dos horas durante la noche de este miércoles en la Sala Gobernadores del Poder Ejecutivo, en la que se discutió el pliego petitorio que plantearon los grupos que realizaron plantones y bloquearon edificios gubernamentales durante 18 días, a partir del 12 de enero, luego de participar en tres marchas multitudinarias en contra del gasolinazo y la privatización del agua en Baja California, en donde se unieron las voces para exigir la salida del presidente priísta Enrique Peña Nieto y el gobernador panista Francisco Vega.
De los 11 puntos del pliego petitorio, Vega de Lamadrid sólo se comprometió a cumplir dos demandas ciudadanas: pugnar ante la Federación por el subsidio al consumo de energía eléctrica de los mexicalenses durante el verano y a reducirse el salario.
Sobre el subsidio a la luz sostuvo que no existe ningún indicio para que lo refrende la Comisión Federal de Electricidad y que su administración aportará este año 40 millones de pesos en subsidios que serán entregados a través de tarjetas de descuento a personas de la tercera edad y madres solteras para el pago en su consumo.
Vega dijo que a principios de su gobierno, en noviembre de 2013, ganaba 110 mil pesos mensuales y en tres años se redujo en un 27.5 por ciento, por lo que respondió a la petición de reducirlo a la mitad: “no veo ningún problema, denlo por hecho”. Pero su compromiso se centró solo en él y no a su gabinete y a funcionarios de segundo nivel.
La problemática que existe en el Valle de Mexicali por la escasez de agua, el pago a maestros interinos y la jubilación de 3 mil 200 profesores y el pago total del financiamiento a la UABC se discutirán a fondo en mesas de trabajo especiales.
Kiko Vega advirtió que varios de los temas no son de competencia estatal, pues tanto la autorización para dotar de agua en la zona agrícola, el subsidio de tarifas eléctricas y el precio de los combustibles, le corresponden a la Federación.
También señaló que el agua para la zona agrícola está garantizada por lo que no afectará la dotación requerida por la empresa Constallation Brands en el Valle de Mexicali, de acuerdo a documentos de la Comisión Nacional del Agua.