Para su mejor desempeño, la sociedad civil organizada debe regular sus actividades, rendir cuentas, ser transparente en los fines de sus tareas y el destino de sus recursos y promover la consulta y participación. Eso propone la Ley de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, aprobada por las diputadas y diputados integrantes de la Trigésima Segunda Legislatura.

En los 35 artículos y tres transitorios que integran la nueva norma para la entidad, se fortalece el papel de las agrupaciones, estableciendo una nueva relación con el Estado en la que se presenten los propósitos de las asociaciones para reconocer, favorecer y alentar las actividades sociales, cívicas y humanitarias en concordancia con la legislación vigente. 

Una más de las consideraciones en la Ley de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil es fijar la responsabilidad y competencia del Estado y municipios en el fomento de la participación de los ciudadanos a través de las organizaciones, la participación y profesionalización, impulsando el bienestar y el desarrollo social y humano por medio de la elaboración, promoción, ejecución y evaluación de los programas basados en la Ley de Planeación.

En el mismo contenido de la Ley, se prevé la regulación de las organizaciones a través de la creación de un Consejo, Grupo Técnico Consultivo y un registro a cargo de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Sustantiva.

Con la aprobación de esta nueva Ley, se armoniza el marco jurídico social de la entidad con la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil y su reglamento, adaptándolo al orden jurídico estatal vigente.

En el documento legal aprobado, se define que las organizaciones de la sociedad civil son agentes impulsores de la diversidad y la democracia, representando la pluralidad de intereses, ideas, necesidades y demandas de la población en general sin fines de lucro.

En Nayarit, se cuenta con organizaciones comprometidas con el bienestar colectivo, en las que sus actividades se centran en el interés público. El ordenamiento legal vendrá a fortalecer la participación ciudadana, el desarrollo de la comunidad y que los recursos públicos disponibles se aprovechen mejor, con mayor transparencia, eficiencia y oportunidad.