Un juez penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TJSCDMX), especializado en el sistema inquisitorio, giró una orden de aprehensión contra el exlíder del PRI-DF, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre; la diputada local priista, Sandra Esther Vaca Cortés, y el exsecretario de finanzas del tricolor, Roberto Zamorano, por los delitos de trata de personas y asociación delictuosa.
La orden de aprehensión girada contra Gutiérrez de la Torre, Vaca y Zamorano incluye a dos exempleadas del PRI capitalino, Claudia Priscila y Adriana, las cuales fungían como reclutadoras de la red de prostitución que operaba en el PRI-DF al servicio de Gutiérrez de la Torre.
De manera paralela, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas del exlíder del PRI y de los otro cuatro imputados, derivado de sus vínculos con el delito de trata de personas.
Los delitos de trata de personas y asociación delictuosa son considerados graves en las leyes penales vigentes en 2014, año en el que se inició la averiguación previa; por lo que el líder de facto del PRI local y sus coacusados no tendrían derecho a enfrentar su proceso penal en libertad en caso de que sea detenidos.
La averiguación previa relacionada con este caso se inició tras la revelación del reportaje “Opera Red de Prostitución en el PRI-DF” que la periodista Carmen Aristegui dio a conocer en Noticias MVS el 2 de abril de 2014, el cual dio a conocer que Gutiérrez de la Torre era la cabeza de una red de prostitución que operaba a su servicio en la sede del PRI de la Ciudad de México, ubicada en Puente de Alvarado 53, colonia Buenavista.
La investigación periodística elaborada con testimonios de cuatro mujeres y la infiltración de una reportera en las oficinas del PRI-DF demostró que tres funcionarias de ese partido político, dirigidas por Sandra Vaca, entonces secretaría particular de Cuauhtémoc Gutiérrez, reclutaban con engaños a mujeres en situación vulnerable para ofrecerles trabajo en el PRI-DF como secretarias, auxiliares, recepcionistas y/o edecanes.
Sin embargo, cuando las víctimas asistían a la cita de trabajo en las instalaciones del PRI capitalino y entregaban todos los papeles con sus datos personales, las mujeres de entre 20 y 35 años se enfrentaban a la petición de las tres reclutadoras (Sandra, Priscila y Adriana) de que ofrecieran servicios sexuales al dirigente priista Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, también conocido como “El Príncipe de la Basura”.
La orden de captura fue girada por un Juez Penal adscrito al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México tras analizar los elementos de prueba contenidos en la averiguación previa, con los cuales se pudo acreditar que hay indicios suficientes para imputar los delitos de trata de personas, en diversas modalidades, en contra de estas cinco personas.
La detención, siete años después
La detención de Cuauhtémoc Gutiérrez y la diputada del PRI, Sandra Vaca, tercer y último filtro para avalar a las mujeres que eran contratadas para ofrecer servicios sexuales a su jefe, se da siete años después de que se publicara el reportaje periodístico sobre el uso de recursos públicos en beneficio personal del ex presidente del tricolor a nivel local.
La indagatoria se mantuvo abierta, pese a varios intentos fallidos del anterior Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, de darle carpetazo a las investigaciones, con el fin de absolver a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y Sandra Vaca de cualquier responsabilidad penal.
Incluso, la Fiscalía local, a cargo de Rodolfo Ríos y Edmundo Garrido, ya había determinado el no ejercicio de la acción penal en contra de Gutiérrez de la Torre, resolución que fue impugnada por las tres mujeres que denunciaron estos hechos.
Representadas por la activista Teresa Ulloa y el abogado Héctor Rivera, las tres denunciantes presentaron diversos juicios de amparo y recursos de queja ante juzgados y tribunales federales para impugnar la exoneración del priista, hasta que un Tribunal Colegiado les dio la razón y obligó a la Fiscalía Capitalina a reabrir el caso.
En septiembre del 2020, ante diversas resoluciones del Juez Decimocuarto de Distrito en Materia de Amparo Penal de la Ciudad de México, Erik Zabalgoitia Novales, que buscaban volver a cerrar el caso, la Fiscal capitalina, Ernestina Godoy, informó que la indagatoria estaba plagada de irregularidades y omisiones, por lo que anunció la reposición de diversas diligencias para garantizar el derecho a la verdad y el acceso a la justicia de las tres mujeres que revelaron la existencia de la red de prostitución que operaba en el PRI-DF.
Se espera que, en las próximas horas, la Fiscalía capitalina aporte más información sobre este caso. Debido a las imputaciones penales en su contra, el PRI capitalino separó a Sandra Vaca de su cargo como Presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Priistas de la Ciudad de México y a Roberto Zamorano de la organización denominada Unidad Revolucionaria, poniendo en su lugar a dos encargados de despacho.