El presidente de Argentina, Alberto Fernández, reafirmó este lunes su decisión de «hacer de Internet un servicio público» con el objetivo de garantizar el acceso a toda la ciudadanía y evitar abusos con el precio de las tarifas.

«Es impensable vivir en un mundo donde la conectividad no llegue a todos. Se enojan porque digo que Internet es un servicio público… ¡que se enojen! Porque vamos a hacer de Internet un servicio público para que llegue a todos los argentinos y las argentinas y que no nos estafen ni nos roben con las tarifas», dijo el mandatario.

Sus declaraciones fueron pronunciadas durante el acto de presentación del plan ‘Argentina Programa’, destinado a la capacitación en programación de 60.000 jóvenes de todo el país, y que incluye subsidios de 100.000 pesos (1.030 dólares) para adquirir computadoras y tarjetas de conexión gratuita a Internet.

En agosto del año pasado, el Gobierno de Fernández emitió un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que califica a los servicios de Internet, telefonía — fija y móvil— y televisión paga como «servicios públicos esenciales», lo que determina nuevas limitaciones hacia las empresas privadas en Argentina por considerar que estos sistemas de comunicación son herramientas básicas para asegurar otros derechos, como el trabajo y la educación.

La medida generó cuestionamientos por parte de las compañías que ofrecen estos servicios, ya que establece «la fijación de reglas por parte del Estado para garantizar el acceso equitativo, justo y a precios razonables».Es decir, antes de aplicar un aumento de precios, los privados deben conseguir la aprobación del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). 

Con esta política, Argentina retomó la impronta impartida en 2014, durante el mandato de Cristina Fernández de Kirchner, cuando se sancionó la legislación conocida como Ley Argentina Digital. Bajo la administración de Macri, se modificaron varias de esas disposiciones.

En su discurso, Fernández ratificó que, pese a las acusaciones que recibe de la oposición, su Gobierno continuará con el objetivo de «ampliar derechos», consciente de que Argentina todavía «es un país injusto».