Un juez federal otorgó este jueves un amparo a la exsecretaria de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles Berlanga, por lo que podría llevar su proceso en prisión domiciliaria.
La exfuncionaria se encuentra detenida desde hace dos años en el penal femenil de Santa Martha Acatitla, luego de que se le dictara prisión preventiva justificada por su presunta responsabilidad en el caso de ‘La Estafa Maestra’.
El juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal, Augusto Octavio Mejía, determinó que los derechos de Robles Berlanga fueron violados al haberse ratificado la medida sin antes valorar otras medidas tales como un arraigo domiciliario.
Dicha ratificación se realizó durante una audiencia de revisión de medida cautelar solicitada por los abogados defensores de la extitular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de México (Sedatu), donde alegaron que la decisión del juez, dictada luego de que ésta se presentara de forma voluntaria a comparecer ante el juez en agosto del 2019, fue considerada como desproporcionada e injustificada.
Sin embargo, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Sur, Ganther Alejandro Villar Ceballos, justificó su dictamen por la supuesta falta de arraigo de Rosario Robles, esto debido a que la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que no hay certidumbre de dónde vive la exfuncionaria, por lo que existe la posibilidad de que evada la justicia.
Tras ello, la defensa encabezada por el abogado Epigmenio Mendieta presentó una demanda de amparo, luego de más de un año de análisis, se revolvió en favor de la exfuncionaria.
Mejía consideró que se hizo una omisión grave al obstaculizarse el analizar la pertinencia de una medida distinta a la prisión preventiva, la cual, solo debería estar debidamente justificada.
Por lo anterior, el juez consideró procedente amparar a Rosario Robles para que se reponga la audiencia de revisión de medida cautelar hecha en abril de 2020. Ahora, Ganther Villar deberá analizar y revolver de manera fundada si es posible imponer a la exfuncionaria un arraigo domiciliario u otra medida distinta a la prisión preventiva que actualmente enfrenta.