El Alcalde de San Francisco, Ed Lee, anunció que la ciudad californiana presentó una demanda contra el presidente Donald Trump por su decisión de retirar los fondos federales a las ‘ciudades santuario’, que protegían de la deportación a los indocumentados.
La semana pasada, Trump firmó una orden ejecutiva por la que se suprimirán los fondos federales a las ciudades que se nieguen a proporcionar información sobre el estatus migratorio de las personas que detienen a las autoridades federales, entre las que se incluyen San Francisco, Los Ángeles, Chicago y Nueva York.
Durante la campaña electoral, Trump ya prometió que cargaría contra estas urbes y entidades, llamadas “ciudades santuario”, cifradas en unas 300 en todo el país.
La demanda, la primera respuesta judicial a la medida firmada por Trump, explica que la orden ejecutiva viola la Décima Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, donde se asegura que los poderes no concedidos al gobierno federal deben recaer sobre los propios estados.
“Con su descarada falta de respeto hacia la ley, el presidente de Estados Unidos buscar coaccionar a las autoridades locales y que así abandonen sus leyes y políticas referidas a las llamadas ‘ciudades santuario”, reza el texto, presentado en la corte federal de San Francisco por el fiscal general Dennis Herrera.
Trump firmó la citada orden ejecutiva el pasado 25 de enero en una ceremonia celebrada en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en la que rubricó esa medida junto a otro decreto por el que destina financiación federal para comenzar la construcción de un muro fronterizo con México a fin de frenar el flujo de indocumentados.
Dos días después, el presidente causó una enorme controversia con otra orden ejecutiva que firmó el viernes como herramienta para luchar contra el terrorismo yihadista.
El decreto ley suspende el ingreso al país de todos los refugiados durante 120 días, así como la concesión durante 90 días de visados a siete países de mayoría musulmana -Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak, Yemen e Irán- hasta que se establezcan nuevos mecanismos de vigilancia más estrictos.
El fiscal general del estado de Washington, Bob Ferguson, interpuso este lunes una demanda contra la orden ejecutiva sobre migración y refugiados de Trump, convirtiéndose así en el primer estado en dar ese paso.