En el hogar y en la escuela debe erradicarse la violencia, y cuando ocurra los castigos serán más severos. Para tal propósito se aprobaron reformas a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Ley de Seguridad Integral Escolar, el Código Penal y el Código Civil.

 En sesión pública ordinaria virtual del segundo periodo del cuarto año de la Trigésima Segunda Legislatura diputadas y diputados aprobaron este paquete de reformas para que a las niñas, niños y adolescentes se les respete el derecho de estar protegidos y erradicar la violencia hacia ellos.

En el tema de castigos corporales y maltrato infantil, se adicionan los conceptos de castigo corporal y castigo humillante. Se prohíben, pues ponen en riesgo la integridad física y emocional del menor como método disciplinario; si se abusa en la manera de corregir se promoverá la suspensión o pérdida de la patria potestad o de la custodia, según sea el caso.

En las modificaciones realizadas en la Ley de Seguridad Integral Escolar se incluye la definición, características y modalidades del acoso escolar y las sanciones para los alumnos agresores y sus cómplices, con el fin de inhibir las conductas agresivas, incrementando la pena hasta dos terceras partes.

En las reformas al Código Civil se tipifica el maltrato infantil como delito para imponer sanción con pena privativa de libertad y multa a quienes ejerzan violencia física en contra de menores de edad; serán castigados si ejercen violencia quienes tengan la patria potestad, tutela, custodia o cuidado y vigilancia del menor, o cualquier persona en un lugar diferente al hogar, en los que el menor tenga actividad o sea cuidado.

Mientras las sanciones para el personal directivo, docente, de apoyo y administrativos que se involucren o hagan caso omiso algún tipo de violencia en los centros escolares, serán castigados bajo el ordenamiento de seguridad integral.

Las modificaciones en cada uno de los ordenamientos legales surgieron de las iniciativas presentadas por las diputadas Karla Gabriela Flores Parra, Mariafernanda Belloso Cayeros y el gobernador Antonio Echevarría García.