Los gobiernos locales deben comprometerse a depurar corporaciones si desean que la ayuda de las Fuerzas Armadas se extienda más de un año
El Congreso de la Unión aprobó la Ley de Seguridad Interior dentro de una maratónica sesión de 24:50 horas que inició el jueves y concluyó el viernes, casi al mediodía.
En 16:33 horas del jueves, el Senado le hizo 11 cambios a la minuta de la Cámara de Diputados y la devolvió a San Lázaro, donde en sólo 65 minutos fue ratificada.
La ley, que regula la actuación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen, permitirá a estados y municipios con problemas provocados por la delincuencia organizada obtener el respaldo de la Federación.
Este apoyo puede ser a través de la Policía Federal o las Fuerzas Armadas hasta por un año, pero los gobiernos locales deberán comprometerse a depurar y mejorar sus policías si es que desean que el auxilio se prolongue, dice el decreto enviado al Ejecutivo para su promulgación.
Marco jurídico
La ley que senadores y diputados aprobaron define la seguridad interior como la condición que proporciona el Estado para salvaguardar la permanencia de sus órdenes de gobierno, instituciones, el desarrollo nacional, el Estado de derecho y la gobernabilidad democrática.
Establece que el Poder Ejecutivo Federal podrá intervenir a nivel local a través de una declaratoria de protección a la seguridad interior.
La declaratoria debe precisar qué amenaza se va a combatir, por cuánto tiempo, qué elementos la combatirán y la zona de operaración, entre otros puntos.
La intervención del gobierno federal no podrá exceder un año, pero si persiste la amenaza a la seguridad interior puede haber prórrogas.
El Presidente de la República podrá ordenar la intervención de la Federación por iniciativa propia o a petición de las legislaturas locales o gobernadores.
La procedencia de la intervención se pondrá a consideración del Consejo Nacional de Seguridad; de aceptarse se expedirá la declaratoria dentro de las 72 horas siguientes a la solicitud.
Se informará de la declaratoria a la Secretaría de Gobernación, a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
En ningún caso las acciones de seguridad interior sustituirán a las autoridades de otros órdenes de gobierno en el cumplimiento de sus competencias o las eximirá de sus responsabilidades.