El presidente del CDE del PRI en Nayarit, Enrique Díaz López y la secretaria general, diputada Sofía Bautista Zambrano, acompañados de la presidenta del ONMPRI Martha Partida, regidoras y un grupo de mujeres líderes del tricolor, presentaron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, contra la gobernadora de Campeche Layda Sansores, ante las agresiones y amenazas que esta ejerció contra las diputadas federales de este instituto político.
“Estamos interponiendo una queja, en voz de todas las diputadas federales priistas por la violencia política de la cual han sido víctimas por parte de la gobernadora Layda Sansores. No se deben violentar los derechos de ninguna mujer. Hoy se trata de las mujeres legisladoras del PRI, pero mañana puede ser cualquier mujer que esté participando en política, de cualquier partido político o cargo público y esto no se puede permitir ni se debe pasar por alto”, manifestó la diputada Sofía Bautista.
Destacó que, tras las violaciones a los derechos de las diputadas, las y los priistas de todo el país, están solicitando se establezcan medidas cautelares además de que se registre a la gobernadora en el Padrón nacional de violentadores que tiene el INE como una clara consecuencia de sus actos para que esto no se repita, ni por parte de una autoridad ni por parte de una mujer.
Por su parte, el presidente Enrique Díaz, informó que, además de todas las quejas presentadas en la Comisión de Derechos Humanos de los estados, también se presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República, por lo que estarán a la espera de que esta instancia castigue como la ley lo mandata a quien está vulnerando los derechos de las legisladoras.
“Nos solidarizamos hoy en esta lucha, como lo hemos hecho siempre en defensa de los derechos de las mujeres”, dijo el dirigente.
Cabe citar que, en el documento dirigido al titular de la CEDH Máximo Muñoz de la Cruz, se expone que el pasad 5 de julio del presente año, la gobernadora de Campeche condujo un programa con transmisión en medios institucionales y redes sociales, donde afirmó que tenía en su posesión material íntimo de las integrantes del grupo parlamentario del PRI en la cámara de Diputados Federal, acto que, no solo es posiblemente constitutivo de delito, sino que son actos de violencia mediática, violencia institucional, violación directa y fehaciente a los derechos fundamentales.