La diputada Sofía Bautista, presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo y un tercer párrafo a la fracción décimo octava del artículo séptimo de la Constitución Política del Estado, en materia de justicia digital, que tiene como fin impulsar la implementación de herramientas tecnológicas que amplíen el derecho a la justicia de las y los nayaritas.

La legisladora priista señaló que, las instituciones que imparten la justicia, tienen el compromiso de modernizar el sistema jurídico, implementando los mecanismos que permitan enfrentar las nuevas demandas, con la finalidad de hacer más eficiente la impartición de la misma, ampliando su acceso, simplificando los procedimientos, reducción de los costos y mejorando su calidad, sin dejar por ello, de respetar los derechos de los gobernados y de hacer cumplir la ley.  

Es de todos sabido que, la pandemia de COVID-19, llevó a la necesidad de suspender múltiples actividades e imponer medidas de confinamiento en México y en el mundo, lo que puso a prueba la capacidad de los gobiernos a fin de seguir cumpliendo con sus funciones esenciales, entre ellas, la administración de justicia, destacó Sofía Bautista.

“No debemos quedarnos con la experiencia sin aprender de esta, el estado reclama nuevas formas para acceder a la justicia”, recalcó.  

En sus transitorios, la iniciativa señala que, para garantizar el acceso a la justicia de forma ágil y oportuna, el Poder Judicial del Estado, el Tribunal de Justicia Administrativa y el Tribunal Estatal Electoral, implementarán de forma progresiva el sistema de justicia en línea, mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación a efecto de tramitar los juicios y todas sus instancias en línea.

De igual manera se destaca que se establecerán las diligencias y procesos que por su naturaleza deben de ser presenciales, para garantizar una adecuada impartición de justicia.

La legisladora puntualizó que en la procuración de justicia, son de gran relevancia los medios electrónicos y virtuales, y que la vía legislativa debe aportar los cambios que faciliten el ejercicio del derecho de defensa y el acceso a la justicia, debiendo adoptar los procesos vigentes a las nuevas tecnologías.