Para evitar prácticas que vulneren la honestidad, imparcialidad, independencia, diligencia y lealtad en el actuar de los servidores públicos, la presidenta del Poder Legislativo, Alba Cristal Espinoza Peña, presentó ante el pleno la iniciativa para reformar el Código Penal en materia de delito de cohecho.

“Esta propuesta busca cubrir una conducta que ha escapado del derecho sancionador y que merece atención a fin de erradicar todo tipo de acciones, que bajo el cobijo o encargo de una función pública permita obtener un beneficio indebido”, afirmó la diputada Alba Cristal Espinoza Peña.

En su exposición de motivos, la legisladora, indicó que reformar las disposiciones relativas al delito de cohecho vendrá a “mejorar la configuración normativa del delito, buscando que tenga una mayor eficacia y sirva como una herramienta efectiva para el combate de las conductas contrarias a nuestro ejercicio público”. 

Espinoza Peña, indicó que la reforma señala que todo servidor público que solicite o reciba dinero para hacer o dejar de hacer un acto propio de sus funciones y la persona que ofrezca dinero o dádiva a un servidor público en los tres órdenes de gobierno para que haga un acto ilícito u omita uno lícito relacionado con sus funciones, será sancionado.

Las sanciones serán de uno a tres años de prisión cuando el valor de la dádiva, no exceda de 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; si el valor excede de 500 hasta 10 mil veces el valor diario de la UMA, se impondrán de tres a nueve años de prisión y cuando se exceda de 10 mil veces el valor diario de la UMA, el servidor público será acreedor a una sanción de 4 a 10 años de prisión.

“Es una exigencia para todos nosotros combatir toda forma de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y fortalecer a las instituciones democráticas, evitar distorsiones en la economía y que los vicios en la gestión pública terminen”, abundó la Diputada Alba Cristal Espinoza Peña.

“Éste es el primer paso que marcará el andar legislativo de este Congreso y el punto de partida de la cuarta transformación en Nayarit. Buscaremos por todos los medios acabar con las prácticas corruptas que han dañado severamente la capacidad de las instituciones de gobierno”, concluyó.

En esta misma Sesión Pública Ordinaria las legisladoras Natalia Carrillo Reza y María Belén Muñoz Barajas presentaron la iniciativa para reformar la Ley de Imagen Institucional para incluir la esencia de los pueblos originarios.