La gobernación de Florida la ha catalogado como «la legislación más fuerte contra la inmigración ilegal» de Estados Unidos y sus efectos preocupan a muchos

La gobernación de Florida la ha catalogado como «la legislación más fuerte contra la inmigración ilegal» de Estados Unidos y sus efectos preocupan a muchos.

El gobernador Ron DeSantis firmó la semana pasada una ley que dificulta la vida de los inmigrantes sin papeles en el estado y que establece duras penas no solamente para quienes les den trabajo, sino incluso para quienes les transporten en sus vehículos.

Cifras del Migration Policy Institute, un centro de estudios con sede en Washington D.C., estima en 772.000 el número de migrantes indocumentados que residen en Florida.

Pese a las restricciones legales que enfrenta, esta población migrante juega un papel relevante en el funcionamiento de la economía de Florida, sobre todo en áreas como la agricultura, la construcción o la hostelería, donde se hacen cargo de labores que los trabajadores estadounidenses muchas veces no quieren hacer, al menos por los sueldos que los empleadores están ofreciendo.

BBC Mundo te cuenta cuáles son los cambios más importantes que trae consigo esta nueva normativa.

Empleo y movilidad

La ley firmada por DeSantis establece que todas las compañías con más de 25 trabajadores deberán confirmar el estatus legal de sus nuevos empleados a través del sistema E-Verify -una web que permite constatar la empleabilidad de un inmigrante desde el punto de vista legal- a partir del 1 de julio, cuando entre en vigor la norma.

Aquellos empleadores que no cumplan con usar este sistema se enfrentan a diversas sanciones, incluyendo la posible revocación de su licencia como empleador, así como a la imposición de otras penalidades.

La nueva normativa castiga a quienes «a sabiendas y voluntariamente» transporten a estos inmigrantes sin papeles hasta Florida (desde fuera del estado o del país).

Se establece que transportar por primera vez -y sin que se trate de menores- a estas personas será castigado como un delito de tercer grado, sancionado con hasta 5 años de cárcel y hasta US$5.000 de multa por persona trasladada.

Quienes sean reincidentes, trasladen a menores o a grupos de más de cinco inmigrantes podrán ser considerados como responsables de un delito de segundo grado, lo que puede implicar hasta 15 años de cárcel y de una multa de hasta US$10.00 por persona.

La movilidad de estos migrantes sin papeles también se verá afectada por una disposición que establece que no podrán usar licencias emitidas por otros estados del país para conducir en Florida y que si no pueden demostrar que su presencia estaba legalmente autorizada cuando obtuvieron la licencia en otro estado, entonces tendrán prohibido operar vehículos en este estado.

En la actualidad, 19 estados y el Distrito de Columbia tienen normativas que permiten emitir permisos de conducir a inmigrantes indocumentados, de acuerdo con datos de la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales.

Además de estas limitaciones, la nueva legislación prohíbe a condados y municipios destinar fondos a alguna persona u organización con el fin de que puedan emitir documentos de identidad o de otro tipo para los extranjeros indocumentados.

Por último, la nueva ley exige a los hospitales que atienden pacientes amparados por el Medicaid, el programa de salud destinado a personas de bajos recursos, que incluyan en sus formularios de admisión una pregunta para saber si un paciente es un ciudadano estadounidense, un residente legal o un extranjero sin autorización para estar en el país.

Los centros de salud deberán remitir a la Agencia para la Administración del Cuidado de la Salud del estado un informe trimestral en el cual se detalle la cantidad de pacientes de cada categoría que fueron atendidos en urgencias o que fueron ingresados durante el periodo correspondiente.

Impacto económico

Desde que DeSantis firmó la ley el pasado miércoles 10 de mayo, la prensa local en Florida ha publicado numerosas informaciones según las cuales algunos de estos trabajadores indocumentados han dejado de asistir a sus lugares de trabajo e incluso se están mudando hacia otros estados ante el temor a verse impactados por la nueva norma.

«Muchos trabajadores se están marchando, pensando que van a ser deportados, por lo que se están yendo a otros estados», dijo José, un trabajador de una empresa constructora a la cadena CBS en Miami.

Gina Fraga, abogada especializada en migración, advirtió que la nueva ley podría generar falta de mano de obra en el sector agrícola, en el que hay preocupación ante la posibilidad de que reciban multas e incluso penas de prisión por transportar a trabajadores que quizá no tienen los documentos específicos que se les requiere.

«Todo el mundo está en pánico porque nadie sabe lo que puede ocurrir», dijo Fraga a la televisora WPTV.

Destacó, además, que en la actualidad hay un retraso de 10 meses en la autorización de permisos de trabajo.

La Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida (FWAF, por sus siglas en inglés), una organización sin fines de lucro con más de 10.000 miembros pertenecientes a minorías -principalmente latinos-, dijo que la norma firmada por DeSantis es una de las leyes migratorias más crueles.

«¿Quiénes continuarán trabajando colocando techos, brindando servicios de limpieza, servicios de alimentos en restaurantes, paisajismo, construcción de viviendas y de edificios comerciales, atención de enfermería en nuestros hospitales y hogares de ancianos, y mucho más? ¿Quién cosechará los cultivos que comemos todos los días y de los que dependemos para nuestro sustento?», preguntó la organización en un comunicado.

Desde la firma de la nueva ley por parte de DeSantis se han publicado decenas de videos en TikTok en los que supuestos conductores de camiones de carga están haciendo llamados para no transportar mercancías a Florida, como una medida para protestar por esta nueva ley. BBC Mundo no pudo confirmar la veracidad ni el alcance de este supuesto boicot.

Esta no es la primera vez que el gobernador de Florida está en el foco de las críticas por su política contra los indocumentados.

En septiembre de 2022, las autoridades de Florida fletaron un avión privado para trasladar a medio centenar de migrantes -la mayor parte venezolanos- desde Texas hasta la lujosa isla de Martha’s Vineyard, generando una fuerte polémica.

La nueva ley le otorga al programa de reubicación de migrantes de Florida unos US$12 millones adicionales para operaciones de este tipo.

DeSantis ha justificado esta nueva ley por el supuesto caos creado en la frontera de EE.UU. por las políticas del presidente Joe Biden, a quien acusa de estar incumpliendo su obligación de proteger el territorio estadounidense.

Hay analistas que vinculan estas y otras medidas recientes impulsadas por DeSantis, como la ley que impide que a los estudiantes de cualquier nivel en las escuelas de Florida se les eduque sobre temas de género -bautizada por sus críticos como «no digas gay»-, con las supuestas aspiraciones del mandatario a optar por la candidatura presidencial del Partido Republicano.