El Centro Prodh, organización que defiende y vela por los derechos humanos, dijo que se trata de una situación lamentable y en extremo preocupante para seguir adelante con el proceso de justicia en el caso Ayotzinapa.
La renuncia del titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), Omar Gómez Trejo, evidencia la injerencia indebida de los superiores jerárquicos de la Fiscalía General de la República (FGR) en la labor independiente que la unidad mencionada venía realizando, informó el Centro Prodh, organización que defiende y vela por los derechos humanos.
Agregó que se trata de una situación lamentable y en extremo preocupante para seguir adelante con el proceso de justicia en el caso Ayotzinapa.
“Damos fe del trabajo comprometido que venían realizando el Fiscal Especial y su equipo, con el esencial apoyo del Presidente de la COVAJ de cuya labor decisiva damos testimonio también, y llamamos a que no se adopten represalias en su contra”, indicó la organización.
Explicó que la información revelada en un medio de circulación nacional sobre la colusión entre actores del narcotráfico y elementos del 27 Batallón de Infantería de Iguala, es de primera relevancia y confirma la necesidad de que integrantes de esa unidad castrense rindan cuentas, sumándose a otros señalamientos que ya existían en este sentido.
El Centro Prodh añadió que también muestra los riesgos de la militarización sin controles y corrobora que los padres y las madres tenían absoluta razón al pedir que se investigara al Ejército.
“Ante la abundancia de información y la posibilidad de que exista confusión, recalcamos la relevancia del balance que efectuará el GIEI próximamente, que como instancia internacional se encuentra en la posición más adecuada para fungir como fiel de la balanza”, concluyó.
El pasado fin de semana una periodista reveló documentos donde se informa que la FGR pidió la cancelación de órdenes de aprehensión en contra de 21 personas involucradas en el casó Ayotzinapa, dicha órden, de acuerdo con especialistas, resulta en un conflicto entre la FGR y la Unidad de investigación del caso.