La 33 Legislatura que preside la diputada Alba Cristal Espinoza Peña iniciará un Segundo Periodo Extraordinario de Sesiones del primer Año Legislativo, para resolver distintos temas parlamentarios.

En reunión de la Diputación Permanente, las y los diputados aprobaron por unanimidad el acuerdo para convocar a un Segundo Periodo Extraordinario de Sesiones, periodo en el que los 30 representantes populares analizarán el dictamen de idoneidad y elegibilidad para seleccionar a dos Comisionadas o Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública para después hacer la toma de protesta de los designados.

También las y los diputados analizarán el dictamen para desincorporar el bien inmueble que se encuentra en el nuevo tramo carretero de La Cruz de Huanacaxtle-Punta de Mita y autorizar al Poder Ejecutivo constituirse como aval solidario del Colegio de Bachilleres para que suscriba convenio de incorporación al régimen obligatorio de la Ley del Seguro Social.

El Segundo Periodo Extraordinario de Sesiones será el día jueves 23 de junio a las 11:00 horas en la Sala de Sesiones Lic. Benito Juárez García.

En la misma Diputación Permanente la presidenta del Congreso local presentó la iniciativa de Ley del Registro Público del Estado de Nayarit y la propuesta para reformar el artículo 255 del Código Penal, en materia del delito de enriquecimiento ilícito.

Las y los legisladores eligieron a los integrantes de la Mesa Directiva que presidirán los trabajos del Segundo Periodo Extraordinario de Sesiones; presidenta: diputada Alba Cristal Espinoza Peña; vicepresidenta: diputada Juanita del Carmen González Chávez; secretarias: legisladoras Jesús Nohelia Ramos Nungaray y Georgina Guadalupe López Arias; vicepresidenta suplente: diputada Lourdes Josefina Merado Soto; y secretarias suplentes las legisladoras Tania Montenegro Ibarra y Lidia Elizabeth Zamora Ascencio.

Además, aprobaron el acuerdo para solicitar a la Comisión de Derechos Humanos que realice las recomendaciones pertinentes a la Secretaría de Gobierno del Estado y la Secretaría de Gobierno de la Federación la incorporación a los mecanismos de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, en relación a los hechos denunciados por la ciudadana Fabiola Guadalupe Segovia Ochoa.