Con una votación de 6 a 1, la Sala Superior rechazó el proyecto de dar carpetazo al caso, propuesto por el polémico magistrado José Luis Vargas

De nueva cuenta, el polémico magistrado José Luis Vargas, también conocido El Magistrado Billetes, se quedó solo durante la sesión de este miércoles 6 de octubre del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Y es que la Sala Superior votó 6-1 en contra de su proyecto de desechar la investigación en contra de Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por presuntamente recibir en 2015 recursos públicos en beneficio de Morena, partido que lo llevó al poder en 2018.

Vargas Valdés argumentó que los delitos de los que se acusa al hermano del presidente ya habían prescrito, que se vulneraba el principio de presunción de inocencia y que había ilicitud de la prueba.

Sin embargo, la magistrada Janine Otálora señaló que la vigencia de la investigación tiene alcance hasta las elecciones presidenciales de 2018, donde resultó electo AMLO.

“Aunado a que de las preguntas realizadas al actor se advierte que los hechos pudieran acontecer durante un año y medio, esos elementos constituyen elementos que justifican el ejercicio de la facultad investigadora”

Incluso la magistrada Mónica Soto, quien normalmente votaba en el mismo sentido que Vargas Valdés, aseguró que no hay constancia de que los hechos hubieran ocurrido en 2015, por lo que respaldó la pertinencia de continuar con la investigación.

“En cuanto a las pruebas ilícitas, considero que al haber más pruebas que valorar en la investigación, debe ser una resolución de fondo la que determine lo conducente”

De esta forma, el organismo dio luz verde para que la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) agote las investigaciones sobre el dinero en efectivo que López Obrador recibió por parte de David León Romero, entonces asesor del gobierno de Chiapas. Cabe mencionar que dicho momento fue videograbado y exhibido en 2020 por el portal LatinUs.

El INE se ha quejado de que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fede), han mantenido reticencia para entregar la información solicitada sobre el caso de Pío López, con lo cual se pueda concluir la investigación.

Por su cuenta, Pío López Obrador ha intentado que el Tribunal Electoral detenga la investigación que se lleva a cabo en el INE. Presentó dos impugnaciones ante el orden jurisdiccional electoral.

Asimismo, el presidente López Obrador descartó que se tratara de un acto de corrupción y advirtió que el dinero que recibió su hermano era parte de las aportaciones ciudadanas para fortalecer al partido Morena.

La cuestionable labor del magistrado billetes

Vargas Valdés se ha caracterizado por adoptar decisiones favorables al gobierno en turno. Por ejemplo, a propuesta de Vargas el Tribunal perdonó la entrega de “tarjetas rosas” mediante las cuales se prometieron dádivas en las elecciones de 2017 en el Edomex y en Coahuila, que ganaron gobernadores priistas.

En 2019, fue el autor de la resolución que pretendía echar para atrás la elección de Puebla y ordenar unas nuevas, cuando obtuvo el triunfo la fallecida Martha Ericka Alonso, del Partido Acción Nacional (PAN), sobre el morenista Miguel Barbosa, hoy gobernador de la entidad.

El pasado 13 de octubre, el magistrado hizo público su proyecto de proponer ante el Pleno del TEPJF, confirmar la sentencia del INE, respecto a negarle el registro a México Libre como partido político, organización liderada por Margarita Zavala Gómez del Campo y el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa.

Y en este 2021, antes de las elecciones intermedias, rechazó quitarle el registro como candidato de Morena por la gubernatura de Guerrero a Félix Salgado Macedonio, quien no entregó a tiempos sus reporte de gastos de precampaña al INE.

Por estos antecedentes, y ante las acusaciones en su contra por enriquecimiento ilícito, los demás magistrados de la Sala Superior aprobaron su destitución como presidente del TEPJF el pasado 04 de agosto, con el argumento de que tienen facultades constitucionales para “asegurar el correcto funcionamiento” del organismo.

Aunque al principio se rehúso a dejar el cargo y acusó los integrantes en su contra de promover un “golpe de Estado” a su gestión, días después terminó por aceptarlo. Actualmente, el magistrado presidente es Felipe Fuentes Barrera.