A partir de este jueves la cobranza ilegal contra deudores ya es un delito en Nayarit, y las personas que amenacen, hostiguen o presionen con llamadas, envíos de documentos, o intimiden con embargos y juicios ficticios serán acreedores a una multa de 50 salarios mínimos y hasta 2 años de prisión.

Así lo dio a conocer el diputado de Movimiento Ciudadano, Manuel Carbonell Ortega, quien detalló que esto es posible gracias a la aprobación de una iniciativa de reforma al Código Penal de Nayarit.     

Detalló que en pocas palabras la finalidad de esta modificación a la ley es terminar con el hostigamiento que ejercen -principalmente las instituciones bancarias y tiendas departamentales- en contra de las personas que por alguna razón se atrasaron en el pago de sus deudas.

“Aquellas personas que de alguna manera no pueden cumplir con algún pago, y están recibiendo permanentemente llamadas de gente que tiene las cuentas, y llegan al tema de las amenazas inclusive, platicamos con personal del Poder Judicial y nos hacían saber que hay personas que incluso presenta papelería apócrifa, llegan a los domicilios y dicen que tienen una orden, cosa que es totalmente falsa; Hoy ya tienen una herramienta para defenderse jurídicamente”, dijo el legislador.

Carbonell Ortega explicó que presentó la iniciativa de reforma de ley ya que desafortunadamente el hostigamiento es una acción común que se venía dando constantemente en Nayarit, insistió que ahora los afectados podrán acudir a la Fiscalía General del Estado a presentar su denuncia.

“Si dejas de pagar un día alguna tarjeta, al día siguiente ya está usted recibiendo llamadas de algún despacho externo de cobranza pidiéndole que pague y le llaman a usted 6, 7 u 8 veces al día, y eso genera una desesperación en la familia, la mayoría de las veces no es falta de voluntad sino falta de capacidad económica”, señaló.   

Para finalizar Manuel Carbonell Ortega, dijo que ya hay mecanismos legales para que las empresas cobren lo que le deben, notificaciones y otras cuestiones que no vulneran la privacidad de los deudores.