La iniciativa propone cuatro años de prisión, así como una sanción de 100 a 500 días de multa a quienes realicen estas acciones

Se harán acreedores a cuatro años de cárcel las personas que llamen a líneas telefónicas de emergencia como el 911 con el objeto de hacer bromas, de acuerdo con la iniciativa de modificaciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones y al Código Penal Federal, presentada en la Cámara de Senadores por el senador del PRI, Arturo Zamora.

El legislador por Jalisco expuso que, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el primer semestre del presente año, se recibieron en México un total de 58 millones 924 mil 507 llamadas a los servicios de emergencia, de las cuales 52 millones 828 mil 320, es decir, el 90 por ciento fueron bromas o improcedentes. Es decir 9 de cada 10 llamadas son falsas.

“Comete el delito de uso indebido de los sistemas de emergencia la persona que de forma dolosa realice llamadas de broma o falsas al número de emergencias nacional. A quien cometa este delito, se le impondrá una pena de dos a cuatro años de prisión y de cien a quinientos días multa”, dice la propuesta de modificación al Artículo 252 bis del Código Penal.

Zamora Jiménez argumentó que se estima que cada día se realizan 300 mil llamadas improcedentes, lo que significa 12 mil 500 cada hora y 208 cada minuto, lo cual es muy grave ya que se calcula que 9 de cada 10 llamadas a los servicios de emergencia son falsas y en la mayoría de los casos la realizan menores de edad, por lo que dicha situación se incrementa en periodos de vacaciones.

Expuso que las pérdidas generadas por las llamadas de broma, de acuerdo con la Cruz Roja Mexicana, la movilización de una ambulancia tiene un costo aproximado tres mil 500 pesos. “Si este factor lo multiplicamos por las miles de llamadas falsas que logran concretarse, el daño patrimonial para el Estado resulta escandaloso y completamente injustificable”.

De igual manera, se expone que “los padres o tutores de los niños o adolescentes que utilicen de forma indebida los servicios de emergencia serán responsables para efectos de la reparación del daño patrimonial al Estado originado por esta conducta”.

Las penas para el delito de uso indebido de los servicios de emergencia aumentarían en una mitad cuando como consecuencia de la movilización de los servicios de emergencia se provoquen daños o pérdidas materiales de cualquier índole y en casos de reincidencia.

La iniciativa fue turnada a comisiones del Senado para efectos de su dictaminación.

Además, se plantea reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para obligar a las empresas telefónicas y concesionarios de telecomunicaciones a colaborar con las instancias de seguridad, procuración y administración de justicia facilitando el nombre, denominación o razón social y domicilio de los suscriptores de las líneas que sean utilizadas para cometer el delito de uso indebido de los servicios de emergencia.