La ex presidenta, que es acusada de corrupción, se presentará a declarar ante tribunales el próximo 7 de marzo, cuando podría ser detenida por esa causa

La ex presidenta de Argentina, Cristina Fernández, podría ser detenida el próximo 7 de marzo, cuando declare ante los tribunales en una causa en la que se acusa de corrupción, advirtió el dirigente Luis D’Elía.

“Tengo el olfato y la intuición de que el 7 de marzo van a poner presos a Cristina y sus hijos”, explicó en un programa radiofónico el líder social y dirigente kirchnerista.

Ante ese escenario, convocó a los militantes a diseñar “un plan de contingencia”, porque “hablaría muy mal de nosotros si no hacemos nada. El plan tiene que ser que los millones de militantes kirchneristas sepamos qué hacer ante la detención de Cristina”.

D’Elía comparó la situación con la histórica fecha del 17 de octubre de 1945, cuando miles de obreros exigieron en las calles la liberación de Juan Domingo Perón, lo que dio origen al movimiento peronista que aún pervive en Argentina.

“Si Cristina va presa, tiene que ser otro 17 de octubre”, sostuvo el dirigente al hacer un llamado a estar alertas ante el intento de encerrar a la ex mandataria.

Fernández y sus hijos Máximo y Florencia Kirchner fueron citados a declarar por primera vez en una causa en la que se les acusa de corrupción, y en la que están imputados otros ex funcionarios y empresarios.

Máximo y Florencia Kirchner comparecerán el 6 de marzo y un día después su madre se presentará ante el juez Claudio Bonadío, quien sigue otras causas judiciales en su contra.

Bonadío investiga un caso conocido como “Los Sauces”, nombre de la empresa de la familia Kirchner, por sospechas de lavado de dinero, cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública.

La firma fue creada en 2006, cuando el ahora extinto Néstor Kirchner, esposo de Cristina Fernández, era presidente, y desde entonces se dedicó a la compra y alquiler de inmuebles.

La mayoría de los millonarios ingresos de Los Sauces provino de alquileres solicitados por Cristóbal López y Lázaro Báez, empresarios beneficiados con contratos de obra pública durante los 12 años de gobiernos kirchneristas (2003-2012).

La principal hipótesis de los investigadores es que esos empresarios alquilaban propiedades de los Kirchner como una manera de entregarles un “retorno” (un soborno) como pago por los millonarios contratos públicos recibidos.

Este es uno de los casos judiciales más graves para la ex presidenta, quien ya fue procesada en una causa en la que se le acusa de “asociación ilícita” y en otra por “administración infiel con perjuicio al Estado” a raíz de una operación financiera del Banco Central durante el último año de su mandato.