El 47% de los hispanos que viven en Estados Unidos se encuentran preocupados por la posibilidad de que ellos o algún conocido sea deportado

El 47 por ciento de los hispanos en Estados Unidos, independientemente de su situación migratoria, está preocupado por la posibilidad de que ellos o algún allegado sea deportado, según una encuesta publicada por el Centro de Estudios Pew y realizada días antes de que Donald Trump asumiera la presidencia.

El sondeo también muestra que el 67 por ciento de aquellos que no tiene la ciudadanía o residencia permanente está “muy preocupado” por la posibilidad de ser deportado durante la presidencia de Trump.

Un porcentaje similar (el 66 por ciento) de aquellos inmigrantes con residencia permanente teme verse afectado por deportaciones, pese a su estatus, o que familiares o amigos tengan que abandonar el país.

De acuerdo con la encuesta, un 38 por ciento de los hispanos inmigrantes cree que su situación es peor ahora que hace un año, un porcentaje superior al 21 por ciento que respondió en ese sentido en una encuesta similar de 2014.

Ese porcentaje es aún mayor (42 por ciento) entre los inmigrantes hispanos que no tienen ciudadanía ni residencia permanente.

Asimismo, el 41 por ciento de todos los hispanos (inmigrantes y nacidos en el país) tiene “serias preocupaciones” sobre su posición en Estados Unidos tras la elección de Trump como presidente, mientras que un 54 por ciento se siente “confiado” con el nuevo mandatario.

En Estados Unidos, viven unos 57 millones de hispanos, uno de los grupos de mayor crecimiento demográfico y la primera minoría del país, con un 66 por ciento de ellos nacidos en Estados Unidos.

El sondeo, que se basa en las opiniones de mil hispanos y tiene un margen de error del 3,6 por ciento, fue realizado semanas antes de que Trump asumiera la Presidencia, el 20 de enero, y de que anunciara una política migratoria más severa.

En las últimas semanas, inmigrantes de varias nacionalidades han expresado su rechazo a las órdenes ejecutivas firmadas por Trump que quieren poner fin a las llamadas “ciudades santuario” (donde las fuerzas locales se niegan a colaborar con las autoridades federales en las deportaciones), acelerar las deportaciones de indocumentados y prohibir la entrada a refugiados.