La Secretaría de Gobernación (Segob) y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) firmaron un convenio para combatir la inseguridad y la violencia en 191 casas de estudio.

El acuerdo, a decir del titular de la Segob, considera la posibilidad de que la Policía Federal entre a los campus universitarios a perseguir y a aprehender narcomenudistas.

“Cuando hubo necesidad de que esto ocurriera (la entrada de la PF), así se hizo; en este caso estamos hablando de denuncias muy específicas que implicarían persecución de delincuentes, que puede ser fuera del campus y, si fuere necesario, dentro de algún campus”, aseguró tras el acto.

Sin embargo, el secretario general ejecutivo de la ANUIES, Jaime Valls Esponda, se pronunció en contra de que la PF entre a las universidades. El rector de la UNAM, Enrique Graue, confió en que el convenio ayude a encontrar las mejores formas de erradicar la violencia en las casas de estudio.

Acuerdan vigilar 191 universidades

Gobernación considera la posibilidad de que la Policía Federal ingrese a los planteles; la asociación rechaza la presencia de agentes en los campus.

La Secretaría de Gobernación y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) firmaron un convenio de colaboración para prevenir la inseguridad y la violencia en 191 casas de estudio, el cual considera la posibilidad de que la Policía Federal entre a los campus universitarios a perseguir y a aprehender narcomenudistas.

Sin embargo, el secretario General Ejecutivo de la ANUIES, Jaime Valls Esponda, se pronunció en contra de que la Policía Federal entre a los campus universitarios.

En tanto, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue Wiechers, confió en que el convenio entre la ANUIES y la Secretaría de Gobernación contribuirá a encontrar las mejores formas de erradicar la violencia que amenaza a las casas de estudio, ya que busca crear mecanismos de colaboración recíproca, a fin de elaborar e implementar programas y estrategias encaminadas a promover la seguridad y las condiciones más adecuadas para el desarrollo de la educación.

El titular de Gobernación señaló que “donde hay un delito concreto se investiga y si es necesario se persigue y se sanciona con el debido cuidado, esa es una obligación legal, de que las intervenciones policiacas o el uso de la fuerza se haga en las mejores condiciones de salvaguarda de los derechos humanos de personas que estén alrededor o en los espacios donde esto suceda”.

—¿Sí entrará la Policía Federal?, se le preguntó.

—Cuando hubo necesidad de que esto ocurriera así se hizo, en una generalidad; en este caso estamos hablando de asuntos, de denuncias muy específicas, que implicarían persecución de delincuentes, que puede ser fuera del campus y, si fuere necesario, dentro de algún campus, sin violentar autonomías, pero cuidando y salvaguardando los derechos de una comunidad. Eso es una obligación legal, respondió.

Entrevistado luego de la firma de dicho convenio, advirtió que se reprimirá el tráfico ilegal de drogas y la violencia que genera, no el consumo ni a los estudiantes.

Aclaró que se dará prioridad a la educación, para prevenir el consumo, y cuando éste exista, a los programas de rehabilitación. De la mano con estas, la intervención oportuna de las autoridades y la persecución del delito y de los delincuentes, fuera y dentro de los campus universitarios.

“Es claro que en el país no puede haber ínsulas y que la amenaza de los fenómenos delictivos, particularmente de uno, que es el aumento en el consumo de drogas en nuestros jóvenes, no solamente amenaza a las instituciones educativas, amenaza a la célula básica de la sociedad, que son las familias, de tal manera que la única manera eficaz de combatirlo no es necesariamente la represión sobre el consumo, sí sobre el tráfico ilegal, sobre la venta y la violencia, sino la educación, la intervención oportuna, la prevención y desde luego la rehabilitación”, precisó.

Al respecto, el rector de la UNAM aseveró que no se puede permitir el narcomenudeo ni cualquier tipo de violencia en las instituciones de educación superior, pues estas son parte esencial del tejido social del país.

“Es necesario analizar las políticas públicas a nivel federal y local para erradicar la distribución ilegal de estupefacientes, y así proteger mejor nuestras comunidades”, sentenció Graue Wiechers.

Por su parte, Valls Esponda calificó como “indeseable mancha de aceite las voces de alarma que insisten en que la fuerza pública entre a los ámbitos universitarios y aprehendan a quienes en ellos venden drogas”, y exigió que se les contenga afuera de los recintos universitarios, no adentro.

“La ANUIES rechaza la presencia de esos grupos delictivos dentro de las instalaciones de educación superior”, y “exigimos se les contenga, no dentro sino fuera de los recintos universitarios”, dijo durante la firma del convenio de colaboración para prevenir el delito en escuelas.

El convenio

Se trata de un instrumento que nos permitirá promover tareas de inteligencia y conocimiento, formación y fortalecimiento de las capacidades de capital humano y una voluntad compartida de imprimir un claro sentido social a las acciones de cooperación, dijo el secretario general Ejecutivo de la ANUIES, Jaime Valls.

La propuesta de trabajo se sustenta en la fortaleza académica de las universidades e instituciones de educación superior y tiene el propósito de impulsar el desarrollo de los servidores públicos para que puedan prever, anticipar e inhibir las conductas delictivas mediante labores de prevención.

Se trata de que los servidores públicos vayan al análisis del fondo del problema y propongan soluciones a partir del apoyo de las comunidades, explicó Valls Esponda.