Los actos de represión por parte de la ex dirigente del SUTSEM, Águeda Galicia Jiménez y del Alcalde de Tepic, “Polo” Domínguez, hacia los trabajadores afines a la Planilla Blanca han llegado demasiado lejos, denunciaron en conferencia de prensa los integrantes de este movimiento.

Tal es el caso de Raúl Martínez Pérez, quien labora en la Dirección de Panteones del Ayuntamiento de Tepic y ante los medios de comunicación manifestó los actos represivos que la ex dirigente, en complicidad con el alcalde de Tepic, realizaron en su contra.

“Son bastante represivos, ya que desde que se enteraron que participamos aquí en la Planilla Blanca, al entrar el nuevo gobierno de Leopoldo Domínguez, por indicaciones de la señora Águeda Galicia pues se me quitó mi escritorio, siendo que yo tengo base de auxiliar administrativo por más de 14 años, primero me quitan el escritorio, después me prohíben entrar a la oficina, y actualmente estoy trabajando dentro de las instalaciones pero sin escritorio ni oficina”, detalló.

La vocera de la Planilla Blanca, Adelaida Ibarra Rodríguez, señaló que en próximos días se presentará ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado, las pruebas de cómo Águeda Galicia y Polo Domínguez están violentando los derechos humanos de los trabajadores del SUTSEM.

Lamentó que la ex dirigente ataque de esa forma a los trabajadores, y al mismo tiempo hizo un llamado al Presidente Municipal para que deje de ser cómplice de dichos actos.

“Que respete las garantías individuales de los trabajadores, que respete la ley, y no se preste para ese tipo de señalamientos, para ese tipo de represión, porque nosotros no estamos dispuestos a permitirlo, ni mucho menos a callarlos, estaremos luchando también contra quien tengamos que luchar”, enfatizó.

Ibarra Rodríguez adelantó que los integrantes de la Planilla Blanca están analizando -junto con su cuerpo jurídico- la viabilidad de presentar una denuncia penal en contra de Águeda Galicia por no permitir que un comité interino asuma la dirigencia del SUTSEM, por atrasar las negociaciones del sindicato, por los actos de represión a los trabajadores y sobre todo por manejar recursos que no le corresponden.   

“Estamos valorando la figura de la administración fraudulenta, y claro que tenemos derecho a pedir de manera formal que se investigue cual es el destino de los recursos de nuestra organización y por qué está haciendo uso de ellos una persona que carece de legalidad para estarlo tomando, estamos valorando y analizando jurídicamente la situación y de ser procedente presentaremos la denuncia penal”, concluyó.