La Patrulla Fronteriza informó que se restableció y se amplió el programa ‘Operación Streamline’ desde junio pasado en Tucson, Arizona

La Patrulla Fronteriza reactivó y amplió en Tucson una estrategia que no concede tolerancia y que envía a la cárcel a todo aquel que es detenido tratando de cruzar a territorio estadunidense en forma ilegal, incluyendo a quienes lo hacen por primera vez.

La ‘Operación Streamline’, utilizada para desalentar la inmigración indocumentada procesando aquellos que eran detenidos múltiples veces tratando de cruzar la frontera, fue ampliada para acusar y presentar ahora cargos criminales contra los migrantes que por primera vez cruzan de manera ilegal a Estados Unidos.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) informó este jueves en un comunicado que el restablecimiento y ampliación del programa en junio pasado en Tucson, permitió procesar en los primeros 30 días a 565 inmigrantes que por primera vez eran detenidos cruzando la frontera.

Los inmigrantes son acusados en una corte federal de cruzar de manera ilegal la frontera, un cargo de delito menor, que puede acarrearles una pena de no menos de dos semanas de cárcel, pero que puede prolongarse hasta seis meses de prisión.

“El propósito de esta medida es disuadir a los migrantes de arriesgar sus vidas al cruzar ilegalmente a través del inhóspito desierto de Sonora”, explicó la CBP en un comunicado.

“El sector de Tucson planea hacer la región del desierto del oeste el lugar aún más indeseable para cruzar” la frontera, señaló.

Antes de la ‘Operación Streamline’, la Patrulla Fronteriza sólo refería a un número limitado de indocumentados para su procesamiento penal, en especial cuando éstos ya habían sido detenidos antes.

Por lo general, los agentes de esa corporación detenían a indocumentados de primer ingreso y los regresaban a México, en caso de ser mexicanos, en cuestión de horas, sin ser acusados de delito alguno ni enfrentar penas de cárcel

El operativo de cero tolerancia viene a poner fin a la práctica conocida como “detener y liberar”, al imponer a todos quienes sean aprehendidos una sentencia mínima de cárcel.

La rigidez de este tipo de estrategias ha despertado críticas de organizaciones de derechos humanos.

En 2015, la Oficina del Inspector General (OIG) de Aduanas y Protección Fronteriza emitió un reporte criticando la estrategia, al señalar que se desconocía su eficacia y su costo real.

En el reporte, la OIG recomendó a la CBP medir la efectividad de la estrategia y determinar su costo, así como desarrollar directrices para evitar procesar penalmente a los inmigrantes que cruzan la frontera y expresan temor de persecución en su país de origen.