Personas que hayan violentado a una mujer de forma física, sexual o política y quienes estén registrados como deudores de pensión alimentaría serán inhabilitados como funcionarios públicos, así lo establecen las diversas reformas constitucionales aprobadas por unanimidad en Sesión Pública Ordinaria por las y los diputados integrantes de la 33 Legislatura.

En el dictamen se señala que no podrán ocupar ningún puesto dentro de la administración pública las personas que se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género y en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos en el Estado o en otra entidad federativa.

La presidenta del Congreso del Estado, destacó que históricamente es la primera reforma constitucional que se hace en materia de paridad de género, “que mejor prueba que la primera disposición sea con temas de la mujer, que al final enmarca nuestra participación al ser la mayoría mujeres, estamos dando avances correctos, lo que queremos buscar como sociedad en acortar la brecha de desigualdad y seguir no teniendo agresores en el poder”.

En materia de paridad de género, las modificaciones a la Constitución Política del Estado especifican que las mujeres podrán ocupar todos los espacios y niveles de toma de decisiones en el gobierno estatal, Congreso del Estado, Poder Judicial, gobiernos municipales y organismos descentralizados; lo que permitirá fortalecer el estado de derecho de la mujer, construir una sociedad más igualitaria, lograr un buen gobierno con una democracia incluyente y un mayor desarrollo económico.

El dictamen aprobado se logró consolidar con iniciativas de diputadas integrantes de la Comisión de Igualdad de Género y Familia y de la Comisión de Asuntos Indígenas; resolución legislativa que será enviada a los 20 ayuntamientos de la entidad para su validación.