La ciudadanía tendrá mayor participación en las tareas de prevención desde el seno del Sistema Estatal de Seguridad Pública

La seguridad pública en la entidad se considera como uno de los temas prioritarios por abordar en la Agenda Legislativa del Congreso del Estado de Nayarit,  es por ello que por unanimidad de las diputadas y diputados se aprobó el Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del Estado de Nayarit.

Las reformas señalan que las nuevas estrategias de planeación, programación, implementación y evaluación de las políticas públicas, programas y acciones en materia de prevención del delito coadyuvarán a fortalecer la seguridad pública en la entidad; asimismo se reconoce con mayor énfasis la participación ciudadana y comunitaria para que la sociedad participe en el diseño de estas políticas públicas y la ejecución de acciones concretas en el tema de prevención de la violencia y la delincuencia, así como para que participen y contribuyan en las tareas de prevención que desde el seno del Sistema Estatal de Seguridad Pública se implementen.

De igual forma se prevé la formulación y evaluación de un Programa Estatal en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia, lo que permitirá darle mayor operatividad a estas reformas.

Con estas adecuaciones normativas también se establece como una obligación del Estado y los Municipios el que en sus presupuestos de egresos contemplen recursos para el diagnóstico, diseño, ejecución y evaluación de programas y acciones de prevención social de la violencia y la delincuencia.

Estas reformas presentadas por la diputada María Isidra Vargas López indican además que se garantizará la observancia y exacta aplicación de la Ley al establecer una serie de sanciones aplicables a todo aquel servidor público que incumpla con las obligaciones que en la materia se le imponen.

De esta manera las diputadas y diputados de la Trigésima Primera Legislatura contribuyen a dar eficacia a las medidas legales para prevenir la violencia social y la delincuencia  y seguir garantizando para la población en general un clima de paz y tranquilidad.