A fin de coadyuvar a generar acciones que erradiquen conductas de violencia y discriminación en contra de las mujeres y niños, diputadas y diputados integrantes de las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos y de Igualdad de Género y Familia, aprobaron por unanimidad el dictamen con Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos del Código Civil para el Estado de Nayarit.
Cabe señalar que la discriminación es una práctica cotidiana de dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo, que a veces no se percibe pero que en algún momento se ha causado o recibido, y la violencia contra la mujer es todo acto basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.
Ante dichos conceptos y derivado de un análisis a la propuesta en mención presentada por la diputada Jassive Patricia Durán Maciel, los legisladores se pronunciaron a favor de derogar el contenido del artículo 154 del Código Civil para el Estado de Nayarit, debido a que obliga a las mujeres (de cualquier edad) a acreditar que no se encuentran embarazadas para así dar certeza a los hombres sobre su paternidad, atentando contra la libertad de las mujeres de contraer nuevas nupcias y por ende, las coloca en una situación distinta respecto del hombre.
Asimismo, la propuesta en comento incorpora en los artículos 408 y 436 la violencia familiar como causal de pérdida de la patria potestad y de restricción para el régimen de visitas, así como impedimento para la guarda y custodia de los menores de edad; sin embargo, cabe señalar que el padre o la madre, aunque pierdan la patria potestad, quedan sujetos a todas las obligaciones que tienen para con sus hijos.
Con la aprobación en comisiones de este proyecto por parte de las diputadas y diputados de la Trigésima Primera Legislatura, se permitirá la consolidación de un marco jurídico capaz de garantizar la protección irrestricta de los derechos de los Nayaritas.
