Con el interés de que se logre una correcta implementación del nuevo sistema de justicia penal y bajo el respeto irrestricto de los derechos humanos, fue aprobado por los integrantes de la Trigésima Primera Legislatura el dictamen con proyectos de decretos que tienen por objeto reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley de Justicia Alternativa, Código Penal y Código de Procedimientos Penales.

Estas reformas que fueron aprobadas por las diputadas y diputados en Sesión Pública Ordinaria el día martes 20 de diciembre del 2016, cumplen con el mandato constitucional del Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, por lo que se determina que la implementación del nuevo sistema de justicia penal será ejecutado de forma precisa estableciendo una misma protección jurídica en todo el país  y minimizado el uso del aparato penal, e introduciendo fórmulas que acentúen la prevención y no el carácter retributivo de la pena.

En el contenido de este dictamen también se contempla la posibilidad de que una vez que se decrete el no ejercicio de la acción penal, la persona que se sospecha cometió delito tendrá la garantía de que ya no será perseguido por los mismos hechos, salvo que sea por unos diversos o en contra de distinta persona.

Al dar su voto afirmativo a estas reformas, las diputadas y diputados coadyuvan en el fortalecimiento del sistema de impartición de justicia en el ámbito en la entidad.

Con la creación de la Ley Nacional, los mecanismos alternativos de solución de controversias permiten el acercamiento de los protagonistas del conflicto para resolverlo sin la intervención del Estado, reconociendo las emociones y necesidades de las partes, lo que les deja en condiciones de centrarse en los aspectos sustanciales del conflicto, asumir el control de éste y tomar sus propias decisiones construyendo una solución en común.

Con estas acciones legislativas los representantes populares nayaritas permitirán agilizar los procesos jurisdiccionales en la entidad.