(La reforma) menoscaba el Poder Judicial y se entromete directamente el Poder Legislativo en la autonomía de un poder de la Unión”.
La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó por 30 votos de Morena, PT y PVEM —21 legisladores del PAN, PRI, MC y PRD votaron en contra— la extinción de 13 fondos y fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF).
Incluyendo el Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, el único que contempla la Ley Orgánica del Poder Judicial, al segundo trimestre del año en curso el monto de los catorce fideicomisos ascendía a 21,538.75 millones de pesos.
“La acumulación de recursos en estos fideicomisos ha generado críticas tanto por su elevado monto, como por el hecho de que se relacionan mayormente con prestaciones especiales y más aún, que son utilizados como bolsas de ahorro, financiadas, de origen, con recursos públicos”, precisa la exposición de motivos de la enmienda que adiciona un párrafo segundo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
La adición precisa que en el Poder Judicial “no podrán ser creados ni mantenerse en operación otros fondos o fideicomisos adicionales”, salvo el Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, que es el único que contempla la propia ley.
Mediante artículos transitorios se establece que los órganos del Poder Judicial que funjan como fideicomitentes deberán coordinarse con las instituciones fiduciarias para llevar a cabo los actos y procesos necesarios que no se ajusten a lo previsto por el referido segundo párrafo y dar por terminados los mandatos correspondientes, con la finalidad de que en el plazo máximo de 120 días hábiles posteriores a la entrada en vigor del Decreto aprobado, se suscriban los convenios de extinción o terminación respectivamente, en términos de las disposiciones aplicables.
Así como que las obligaciones derivadas de los instrumentos jurídicos que se extinguen o terminan, serán atendidas con los recursos que correspondan de los propios fideicomisos, de conformidad con las obligaciones contractuales y disposiciones aplicables, salvaguardando los derechos que correspondan.
Y que los recursos remanentes, y los productos y aprovechamientos derivados de los mismos, independientemente del ejercicio fiscal en que se hayan originado y que formen parte de los instrumentos jurídicos que se extinguen o terminan, deberán enterarse en términos del artículo 12 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria a las unidades administrativas con funciones de tesorería en los órganos que conforman al Poder Judicial de la Federación, las que a su vez deberán enterar la totalidad de dichos recursos a la Tesorería de la Federación al término del plazo señalado de 120 días.
Asalto
Durante la reunión de la comisión, una veintena de legisladores discutió poco más de dos horas y media sobre las bondades y riesgos de la reforma; los legisladores del oficialismo se manifestaron a favor con el argumento de la austeridad y los de la oposición en contra, al asegurar que la intención del gobierno federal es debilitar el Poder Judicial.
El panista Héctor Téllez aseguró que la estrategia del gobierno federal es “ir asfixiando todo aquel órgano o poder que no tenga consonancia con el gobierno federal”.
Recordó que así sucedió con el INE e Inai; “hoy quieren volver a perpetrar este asalto a la autonomía del Poder Judicial”.
La propuesta es agresiva, dijo, porque “menoscaba el Poder Judicial y se entromete directamente el Poder Legislativo en la autonomía de un poder de la Unión.
“Establecer que el Poder Judicial no puede crear fideicomisos o fondos es un desequilibrio total entre poderes”.
Mario Carrillo (Morena) explicó que los fideicomisos que se quieren extinguir están relacionados con compensaciones adicionales del Poder Judicial.
“No nos estamos metiendo con su presupuesto, eso es totalmente falso y es muy importante aclararlo. Lo que buscamos es que no exista opacidad, excesos del Poder Judicial, pero sobre todo que el Poder Judicial no pretenda burlar la ley porque se supone que ellos están para garantizar la ley”.
Aclaró que la Ley de Disciplina Financiera no aplica a los fideicomisos, como se quiería argüir, y que las liquidaciones de los fideicomisos no están en riesgo porque se harán de manera legal.