La CNDH aseguró que las alertas de género no resuelven los feminicidios; solicitó a los tres niveles de gobierno actúen con voluntad para disminuir la violencia hacia las mujeres

En México, cada cuatro horas una mujer es asesinada, seis al día, 180 al mes y dos mil 190 al año, afirmó INMUJERES. Al respecto señala que las alertas de género no resuelven por sí mismas los feminicidios, pero son herramientas fundamentales para disminuir este delito, afirmó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Por lo que destacó, es necesario revisar y replantear el mecanismo de la Declaratoria de Alerta de Género, para que las medidas se cumplan con una mayor eficacia.

De igual forma, solicitó que las autoridades de los tres niveles de gobierno actúen con verdadera voluntad para disminuir la violencia hacia las mujeres, y que se destinen más recursos para su implementación.

Durante el foro “La efectividad de las Declaratorias de Alerta por Violencia de Género y Mecanismos Alternativos para hacer frente a la Violencia Generalizada contra las Mujeres en México”, Pablo Navarrete, coordinador de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres, expuso el estudio “Retos y Perspectivas del Mecanismo de Alerta de Violencia de Género”.

Dijo que cada cuatro horas una mujer es asesinada en México, seis al día, 180 al mes y 2 mil 190 al año, por lo que aclaró que la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género no tiene como fin dañar a los gobiernos.

Al respecto, la diputada presidenta de la Comisión Especial de Alerta de Género, Karen Hurtado Arana, dijo que en muchas entidades este instrumento nació muerto y que es lamentable que la violencia contra las mujeres se vea como estadísticas, a pesar del número de homicidios contra este sector.

Durante su intervención, la presidenta de la Comisión Especial de Delitos Cometidos Por Razones de Género, diputada Maricela Contreras Julián, manifestó que en 10 años se han registrado más de 26 mil asesinatos de mujeres, debido a la impunidad, falta de procuración de justicia y de castigo.

Añadió que los mecanismos de alerta de violencia en los estados implementan un procedimiento muy largo, y comentó que Ciudad Juárez, Chihuahua, fue paradigma en este tema, porque a partir de que se registró la violencia contra la mujer, se comenzó a hablar del tema en todos los estados.

La diputada integrante de la Comisión de Igualdad de Género, Concepción Villa González, indicó que el procedimiento para eliminar una alerta es tardado, lo que genera un estado de emergencia por violencia feminicida.

“Urge revisar y analizar el instrumento de las alertas de género, con el fin de implementar acciones que garanticen el cese de la agresión en contra de las mujeres”, consideró.

El coordinador de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), Pablo Navarrete Gutiérrez, pidió modificar la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, porque el artículo 60 en materia de sanciones remite a un hoyo negro donde se pierde el tema de la responsabilidad de los servidores públicos.

Solicitó integrar un capítulo con perspectiva de género donde se plantee qué responsabilidad debe tener el servidor público que no emita una orden de protección a una mujer en situación de violencia, y qué se hará con autoridades que siguen patrones de omisión y maltrato.

La directora de la quinta visitaduría general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Elvia Lucía Flores Ávalos, consideró que, a fin de lograr resultados en la implementación de alerta por violencia, se debe reconocer a la víctima y a sus familiares para reparar el daño, “se debe integrar la parte de conocer las conductas para tipificarlas bien”.

Es urgente investigar todas las violaciones de derechos humanos, y proporcionar a las víctimas atención psicológica y garantizar que no se repetirán esas conductas agresivas.

La directora de Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia (CONAVIM), Edna Guzmán García, consideró que, para garantizar la implementación de alertas de género hay que vincular a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a las fiscalías de los estados para que se coordinen y enfrenten la problemática.

La directora Ejecutiva del Centro de Investigación para la Equidad Política y Desarrollo, Teresa Pérez Vázquez, puntualizó que, “los servidores públicos deben olvidar la complicidad, omisión y falta de acciones que generan corrupción y retraso en la atención de la problemática e impide dar resultados eficientes. “Hay que buscar la forma de impulsar el quehacer de los servidores públicos, gobernantes y de quienes toman decisiones de forma ética”.