Entre las deficiencias encontradas en los centros municipales figuran insuficientes actividades laborales y de capacitación para el trabajo
En una escala de cero a 10, las cárceles municipales obtuvieron calificación promedio nacional de 3.90, en las que sobresalen por sus deficiencias las de Nayarit, con 1.40 según el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2016.
El documento, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reveló que las cárceles municipales de Acaponeta, Rosa Morada y San Blas tienen una calificación inferior a un punto dentro de la escala en cuestión, que mide las condiciones mínimas que deben existir en un penal para garantizar una estancia digna y segura, capaz de lograr la reinserción social de los internos.
Entre las deficiencias encontradas en los centros municipales figuran insuficientes actividades laborales y de capacitación para el trabajo y falta de separación entre procesados y sentenciados.
Además, continúa la carencia de reglamentos y manuales, escasa o nula difusión de la normatividad, falta de áreas médicas, medicamentos y profesionales de la medicina, inexistencia o insuficiencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento de esos centros, así como de acciones preventivas para atender incidentes violentos.
La CNDH comprobó también la persistencia de sobrepoblación, hacinamiento, autogobierno/cogobierno, falta de prevención y atención de incidentes violentos en centros estatales, así como anomalías en la separación entre procesados y sentenciados.
Otras irregularidades encontradas son condiciones materiales, equipamiento e higiene en áreas de dormitorios, sancionados, sujetos a protección, cocina y comedores, y la falta de personal de seguridad y custodia.
Se informó que para la elaboración del diagnóstico, la CNDH tomó como base la normatividad nacional e internacional en la materia, que establece la obligación de las autoridades de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.
Entre los objetivos del diagnóstico está orientar las políticas públicas tendientes a garantizar el respeto de los derechos humanos de los internos, por lo cual se estructura para reflejar las condiciones por la que transitan las cárceles del país.
Ello, a través de un análisis cualitativo y un punto de vista cuantitativo, que identifique deficiencias y logros, los cuales sirvan de parámetros para establecer procesos de mejora en las instituciones de reclusión.
