El Cártel Jalisco Nueva Generación reclutaba vendedores de droga y sicarios a través de la empresa SEGMEX, que operaba desde hace un mes

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) reclutaba vendedores de droga y sicarios a través de una empresa de seguridad privada creada por el grupo criminal, revelaron autoridades de Jalisco.

Eduardo Almaguer Ramírez, fiscal General del Estado, detalló que la empresa “SEGMEX” tenía cerca de un mes operando en los municipios de Tlaquepaque y Puerto Vallarta, y ofrecía trabajo de escolta o de agente de seguridad privada.

En conferencia de prensa, el funcionario informó que la empresa ofrecía un pago de 3 mil pesos a la semana, el cual podía incrementarse si el interesado había trabajado como policía.

El fiscal detalló que luego de que el interesado fuera reclutado, era capacitado en el manejo de armas de fuego por diez días en un terreno ubicado al interior del estado.

Asimismo, Almaguer Ramírez informó que el fin de semana pasado se logró la detención de 13 personas relacionadas con la empresa de seguridad, las cuales fueron capturadas tras dos operativos llevados a cabo en los municipios de Lagos de Moreno y San Juan de Los Lagos.

Las 13 personas arrestadas están siendo investigadas en las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

A los detenidos se les identificó como Johana Mary Hernández, ciudadana estadounidense que residía en Puerto Vallarta y realizaba el reclutamiento; Rafael Gómez Vázquez; Héctor Lorenzo Domínguez Pérez; Lorenzo Antonio Gaytán de la Cruz; José Alfredo Gómez Molina; Orlando Nuñez Peña; Christian Alonso Hernández Amaral; Juan Miguel Robles Robles; Leonardo Jesús Domiguez; Yésica Guadalupe Rivera y Maura Joana Moreno Dávalos.

Estas personas están señalados como presuntos subordinados de un hombre conocido como “El Sapo”, quien realizaba operaciones criminales en Puerto Vallarta y estaría relacionado con el ataque a los militares en Guachinango.

Finalmente, se detalló que se rescató a una persona que había sido privada de su libertad, y por quien el CJNG demandaba un pago de un millón de pesos.