Tras seis días de audiencia, los soldados que pertenecían al 69 Batallón de Infantería en Saltillo, Coahuila, fueron hallados culpables de delitos contra la salud en su modalidad de colaboración

El Juzgado Primero Militar, adscrito a la Primera Región, sentenció a 26 años de prisión a ocho soldados a quienes encontró responsables de colaborar con el cártel de Los Zetas.

Tras seis días de audiencia, los soldados que pertenecían al 69 Batallón de Infantería en Saltillo, Coahuila, fueron hallados culpables de delitos contra la salud en su modalidad de colaboración, luego de que fueran detenidos en 2011; además, aún faltan por ser juzgados siete elementos más, quienes son acusados por los mismos delitos.

Autoridades castrenses informaron que la diligencia inició el martes pasados y hoy, el Consejo de Guerra, en Perote, Veracruz, concluyó el proceso en el que también se absolvió a  Julián Castilla y se ordenó su inmediata liberación.

En octubre de 2014, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los militares que cometen delitos contra la salud y otros del orden federal, en lo que no se ven involucrados civiles, pueden ser juzgados en tribunales castrenses.

El fallo derivó de un juicio de amparo directo que promovió el capitán Luis Alberto Martínez Campo, quien estaba comisionado a Tamaulipas y en 2007 permitió la salida de un cargamento de marihuana hacia Estados Unidos.

El militar impugnó la sentencia que le impuso el Primer Tribunal Militar, pues argumentó que su juicio debía ser resuelto en el fuero federal.

No obstante, con seis votos a favor y cuatro en contra, el Pleno resolvió que los soldados que incurren en estas faltas, deben ser sometidos a sus propios tribunales, porque están faltando a la disciplina militar.

Entre los sentenciados se encuentran los subtenientes Edgar Valencia Cárdenas y Carlos Miguel Gallardo Ibarra; el soldado Omar Alejandro Martínez; los tenientes Marcos Augusto Pérez y Javier Rodríguez Aburto, así como el cabo Pedro Montes Vázquez.

Pese a la sentencia, los soldados aún puede impugnar la resolución, por lo que cuentan con un plazo de cinco días hábiles, para que su caso sea revisado por un tribunal militar; asimismo, pueden recurrir al amparo, caso que resolvería un juez federal.

Estos no son los únicos casos, en que se involucra a elementos castrenses con cárteles del narcotráfico; en mayo de 2016, el teniente Jorge Mauricio Loza Monroy, acusado de formar parte de una red de militares que consiguió el nombre de un elemento de la Secretaría de Marina que encabezó el operativo en que murió el capo Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, en 2009, obtuvo un amparo para que se repusiera su juicio.