El pasado 1 de diciembre inició la edificación de condominios con estacionamientos sobre dunas y áreas de desove de tortugas en el poblado de San Francisco, en Bahía de Banderas, Nayarit, a pesar de las diversas irregularidades señaladas por vecinos y ambientalistas.

De acurdo con los lugareños, el proyecto de la constructora Pacific Lifestyle, del empresario mexicano Carlos Lemus, asociado con el inversionista canadiense Francis Bast, fue aprobado antes de contar con la manifestación de impacto ambiental (MIA), lo que representa el primer acto ilegal, afirman.

Ante dicha situación los pobladores de San Francisco contrataron abogados con recursos propios para emprender esta lucha jurídica.

Erik Saracho, uno de los dirigentes del movimiento, relató que en abril pasado los cerca de tres mil habitantes de San Pancho iniciaron la resistencia al enterarse de que las compañías pretendían construir dos edificios de seis pisos e igual número de dos niveles.

“Las edificaciones están a ras de playa. Si lo permitimos, sería el primer edificio de esta magnitud en un lugar donde cada cuatro o cinco años se inunda, sube el nivel del mar y desovan tortugas”, detalló.

Añadió que en algunas pláticas sobre el proyecto los inversionistas escucharon a los lugareños, pero cuando se les preguntó dónde se ubicarían los estacionamientos, callaron. Ahora están aventando toneladas de acero y cemento sobre las dunas, donde siempre ha sido playa, dijo indignado Saracho.

Destacó que si bien hubo consulta pública, que se aprobó de manera condicionada, hay varias inconsistencias, entre ellas, primero obtuvieron el permiso de construcción en la pasada administración municipal, a cargo del priísta José Gómez, acusado de corrupción, y no tenían aprobada la MIA. Esto es irregular, porque primero se autoriza la manifestación y posteriormente se otorga el permiso de construcción.

Luego de que los vecinos protestaron, personal de la delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Nayarit realizó dos inspecciones.

La Profepa verificó que las excavaciones en el polígono de propiedad privada fueron previamente evaluadas en la autorización y se encuentran fuera de la zona de anidación de tortugas.

Sin embargo, la malla ciclónica en torno al proyecto está colocada fuera del polígono autorizado, invade parte de la zona federal marítima-terrestre (Zofemat) e impide el libre tránsito en la propiedad federal.

Erik Saracho señaló que, de acuerdo con el resolutivo, la malla no cumple con el objetivo especificado; además, la empresa no presentó el título de concesión para ocupar de manera legal la Zofemat y terrenos ganados al mar.

La ambientalista Elvia García aseguró que el primero de diciembre, cuando se iniciaron los trabajos de construcción en la playa, desovaron tres tortugas que quedaron al pie del lienzo colocado por las inmobiliarias.

García indicó que en la zona hay un pequeño campamento tortuguero que en 25 años ha colectado más de 25 mil huevos con el apoyo de Frank Smith, jubilado del Servicio Forestal de Estados Unidos.