Este lunes entregó un dictamen a la Secretaría de Finanzas en el que concluye que existen elementos suficientes para dar de baja 432 plazas de la administración pública central

El Secretario de la Contraloría General del Estado, Guillermo Lara Morán, entregó este lunes al Secretario de Administración y Finanzas, Juan Luis Chumacero Gómez, 432 expedientes con la documentación que acredita la adjudicación irregular de plazas de base y categorías laborales a igual número de trabajadores del gobierno del estado, durante el sexenio pasado.

Acompañado por el Secretario General de Gobierno, Jorge Aníbal Montenegro Ibarra, el contralor precisó que, como resultado del proceso de investigación iniciado en febrero pasado para la anulación de plazas presuntamente irregulares, se concluye que existen elementos suficientes para presumir de ilegal el otorgamiento de 432, por lo que solicitó al Secretario de Finanzas el cese inmediato de las mismas.

Explicó que, al considerarse irregulares estas plazas de base desde su otorgamiento, y dado que los actos irregulares no engendran derechos, se actuará por la vía administrativa para el resarcimiento del recurso cobrado por los 432 trabajadores hasta la fecha, ya que los pagos realizados carecen de una debida justificación, son improcedentes y afectan de manera directa a la hacienda pública estatal.

El funcionario detalló que las principales ilegalidades encontradas tienen  que ver con la falta de calificación en los dictámenes de los factores escalafonarios, tales como  aptitud, conocimientos, puntualidad, disciplina y antigüedad, entre otros. Además, existencia de bases otorgadas que no se encuentran dentro de un dictamen para su otorgamiento, por lo que legalmente no deberían de existir.

Asimismo, se encontraron irregularidades relacionadas con la autorización del movimiento por persona no competente para ello; otorgamiento a trabajadores con puesto inmediato anterior de jefe de departamento o director; otorgamiento a trabajadores con nula antigüedad y/o menos de 6 meses en el puesto inmediato anterior; trabajadores que no cumplen con el perfil profesional requerido para el nivel otorgado, y falta de documentación por parte del trabajador para acreditar la legitimidad del otorgamiento.

Lara Morán aseguró que se continuará con la revisión de plazas para constatar la legalidad de su adjudicación, tanto en la administración pública central como en los organismos públicos descentralizados (entre ellos la Secretaría de Salud), en beneficio de la operación gubernamental, con un sentido de justicia laboral y en favor de un manejo eficiente de los recursos públicos.

Por su parte, el Secretario General de Gobierno informó que la indicación del Gobernador Antonio Echevarría García es que el ahorro que implique este procedimiento sea destinado al mejoramiento de las percepciones del personal de corporaciones policiacas y otras instancias en las que es urgente la mejora salarial, como custodios del penal de Tepic y Tránsito del estado.

Montenegro Ibarra subrayó que con este hecho “se da cuenta del compromiso del Gobernador de resolver este asunto de manera firme, es decir, donde se haya violado la norma estará la autoridad para corregir o para resolver”, y dejó en claro que los trabajadores están en su derecho de ejercer cualquier recurso de impugnación al procedimiento.