La Comisión de Gran Jurado, Sección Instructora practicará las diligencias necesarias para la comprobación de la conducta de los denunciados
A fin de iniciar el procedimiento de los juicios políticos en contra del ex gobernador; de funcionarios de la pasada administración estatal, y de los magistrados de Justicia Administrativa Yeniria Catalina Ruiz Ruiz, Agustín Flores Díaz, Raymundo García Chávez y Jesús Ramírez de la Torre, en Sesión Pública Ordinaria las diputadas y diputados aprobaron cuatro acuerdos para proceder al estudio y análisis de cada una de las denuncias a fin de examinar la procedencia y verificar si los servidores públicos denunciados son sujetos de juicio político en los términos de la Constitución Política del Estado.
Cada uno de los cuatro acuerdos legislativos fueron remitidos a la Comisión de Gran Jurado, Sección Instructora para que inicie el procedimiento de juicio político, previsto en los artículos 17 párrafo tercero y 18 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit.
Se practicarán las diligencias necesarias para la comprobación de la conducta o hecho, estableciendo las características y circunstancias del caso precisando la intervención que haya tenido el servidor público denunciado.
El acuerdo legislativo que se refiere al inicio del procedimiento de juicio político en contra del ex gobernador por presuntos actos y omisiones que actualizan violaciones graves a la Constitución Política del Estado, a las leyes locales y por el manejo indebido de fondos y recursos, será analizado en la Comisión Especial de Gran Jurado, Sección Instructora.
El acuerdo legislativo que declara el inicio del procedimiento de juicio político en contra del ex gobernador, Mario Alberto Pacheco Ventura, ex secretario de Administración y Finanzas; Luis Antonio Apaseo Gordillo, ex secretario de la Contraloría del Estado; Héctor Salome Parra Zavala, ex director general del Fondo de Pensiones, es por presuntos actos y omisiones que constituyen violaciones graves a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, a las leyes locales, así como por el manejo indebido de fondos y recursos.
El acuerdo legislativo en el que se declara iniciar el juicio político solicitado en contra de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, Yeniria Catalina Ruiz Ruiz, Agustín Flores Díaz, Raymundo García Chávez y Jesús Ramírez de la Torre, se argumenta por incurrir en sus funciones en presuntos actos y omisiones que redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales.
En lo relativo al inicio de procedimiento de juicio político solicitado en contra de la magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa, Yeniria Catalina Ruiz Ruiz, aprobado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, es argumentado por incurrir en sus funciones en presuntos actos y omisiones que redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales.