Hernández Preciado consideró que el Estado Mexicano, que está faltando a su obligación básica de hacer valer la ley y que le impone la Constitución

El hartazgo del sector privado por falta de aplicación de la ley en el conflicto magisterial orilló al Sindicato de Patrones de la COPARMEX a presentar una demanda contra el Presidente Enrique Peña Nieto ante el Poder Judicial de la Federación.

José de Jesús Hernández Preciado, presidente de COPARMEX Nayarit reconoció que la ley debe aplicarse, no negociarse y que las acciones violentas se han extendido, a lo largo de 11 semanas, en varios estados del país como Oaxaca,  Michoacán,  Guerrero,  Chiapas y en Ciudad de México, por personas que se dicen parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

El dirigente empresarial asentó que por los más de 80 días de actos contra la ley y ante la sentida falta de decisión del Estado Mexicano para reestablecer el orden, es que se interpuso esta demanda de amparo donde se está presentando la violación de derechos colectivos de las y los empresarios y de la ciudadanía.

“Nuestro repudio a esas personas que están realizando dichos bloqueos y tomas impunes, no están teniendo consideración del impacto que están provocando por el sentido secuestro de la actividad social y económica” indicó el líder empresarial. Agregó que es inadmisible en un régimen que debe ponderar y defender el Estado de Derecho, y con ello el Estado Mexicano, que está faltando a su obligación básica de hacer valer la ley y que le impone la Constitución.   

Subrayó que no caben malas interpretaciones con esta acción, ya que anteriormente, diversos sectores de la sociedad habían pedido puntualmente a las autoridades su intervención para restablecer la paz y el libre tránsito en los municipios y en las ciudades afectadas, sin haber logrado una acción o respuesta concreta. Precisó que el sentir del empresariado es que dicho clima se ha transformado en  ingobernabilidad regional, afecta a la micro y a la pequeña empresa, y daña severamente a los trabajadores y a sus familias, y por supuesto a las empresas.

Hernández Preciado acotó que la demanda del sector patronal es para que el Estado actúe para restablecer la paz, que se respeten las garantías Constitucionales de libre tránsito, derecho al trabajo, derecho a la educación y a la libertad económica. Añadió que no se pretende que se llegue a la represión de los movimientos sociales, cuando estos son legítimos y son sobre todo respetuosos del contexto social, económico y del desarrollo de todas y todos.

Por último dijo que, no se debe permitir ni dejar el antecedente para en cualquier momento, este o cualquier otro grupo violento utilicen métodos de chantaje para obtener más y más concesiones.